La justicia paralizó el proceso a través del cual el colegio Almondale pretendía iniciar en los próximos días la admisión 2017 como establecimiento particular pagado. La medida decretada por la Corte de Apelaciones de Concepción fue extendida por el sostenedor a sus tres sedes en la intercomuna.

A sólo días de que los padres y apoderados de los miles de alumnos del colegio Almondale tuvieran que decidir si aceptaban la transformación del establecimiento subvencionado en particular pagado a partir del próximo año, con el consiguiente desembolso de dinero, el tribunal de alzada penquista acogió la orden de no innovar solicitada en un recurso de protección.

La medida paraliza el proceso de admisión impugnado por el Centro General del Padres de la sede San Pedro de la Paz, y que con el patrocinio del abogado Antoine Peñaloza lo denunciaron como ilegal y arbitrario.

Y es que la Superintendencia de Educación informó a la Corte de Apelaciones de la inexistencia de una renuncia del colegio Almondale al sistema de financiamiento compartido y tampoco de la solicitud para el reconocimiento como establecimiento particular pagado, antecedente con el que la justicia decretó la orden de no innovar.

Tras conocer la resolución, el representante del sostenedor, Ismael Palacios, comunicó a través de una declaración pública que saludaba la medida, pues daba tranquilidad a los apoderados, agregándose que la paralización se extendía a sus tres sedes, información recibida con cautela por los padres, según expresó Miriam Contreras.

Sin embargo, tanto desde el Centro General de Padres como de la autoridad administrativa y del propio sostenedor, se recalcó en que la orden de no innovar es una medida temporal, pues resta conocer el fallo definitivo de la Corte de Apelaciones y que definirá si el cambio que busca el colegio es o no ajustado a la ley.