La familia de Sandra Vergara, la mujer que el año murió tras caer de un taxibús en Talcahuano, cuestionó que la justicia otorgara la salida diaria al conductor acusado de homicidio en el caso. Hace unos días, el Juzgado de Garantía, acogiendo un informe social, otorgó el beneficio, el que se extenderá hasta el inicio del juicio oral.

A siete meses del lamentable episodio, ocurrido luego que el chofer de la línea Mi Expreso cuestionara el pase escolar presentado por la pasajera de 51 años, comenzando la mujer a filmar con su celular a Fernando Irribarra, la justicia interrumpió la prisión preventiva total decretada como medida cautelar.

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El hombre goza desde hace unos días la libertad diaria, debiendo regresar cada noche al penal Bío Bío, beneficio del que hará uso al menos mientras espera el juicio por el homicidio de Sandra Vergara, criticando el hermano de esta última, David, el permiso otorgado por el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

Si bien no se trata de un cambio de la prisión preventiva, para la familia de la víctima es un beneficio que no debió ser concedido, pues -dijo David Vergara- el informe social con el que se solicitó la salida diaria ya había sido desechado en otras oportunidades.

Sin embargo, el defensor Mauricio Massa defendió la resolución judicial y explicó se basó en la difícil situación que ha vivido en entorno del conductor de taxibús, con una esposa enferma, tres hijos y un nieto, cuyo único sustento económico es Fernando Irribarra.

La defensa del conductor ha insistido que la muerte de Sandra Vergara no puede calificarse de homicidio, atribuyéndola a un lamentable accidente, y que se origina al estar la mujer cerca de la puerta, que se abre porque una transeúnte hace detener la máquina.

No obstante, el hermano de la víctima rechaza ese argumento e incluso acusa una intencionalidad del chofer.

La salida diaria a Irribarra fue extendida por un mes, período en el cual el Tribunal Oral de Concepción debería fijar el juicio por el delito de homicidio y donde el hombre enfrenta una pena de 10 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.