Después de recibir dos requerimientos para investigar, la Contraloría General de la República comenzó la auditoría al estado financiero del Municipio de Viña del Mar, el cual arrastra un déficit que se calcula en más de 13.000 millones de pesos.

Los concejales de la comuna piden que con esto se pueda clarificar la real situación de la municipalidad, para que así se pueda sancionar a los presuntos responsables. En tanto, una agrupación ciudadana solicitará al Tribunal Electoral de Valparaíso la remoción de la Alcaldesa y los concejales de la comuna, por “notable abandono de deberes”.

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De 3 a 5 meses, esto es lo que debería demorar el minucioso proceso que este órgano contralor ya inicio sobre la casa consistorial de la Ciudad Jardín, y que espera revisar en detalle todo el estado financiero, movimientos y contratos vigentes durante el último año.

La mañana de este lunes, el diputado PS Marcelo Díaz, quien fue uno de los que presentó la solicitud al órgano contralor, se reunió con el jefe regional de esta institución, Víctor Hugo Merino, para solicitarle celeridad en el proceso, pero también para entregar nuevos antecedentes.

Según el parlamentario, el déficit del municipio era conocido por todos. Así todo, se aprobó un presupuesto que -en la práctica- no podría ejecutarse.

La concejala PPD, Marcela Varas, aseguró que rechazó el presupuesto de este año -precisamente- por la poca transparencia del municipio al informar su situacion financiera. Junto con esto, pidió sanciones para quienes resulten responsables de alguna irregularidad.

Por su parte, el edil UDI Jaime Varas, afirmó que lo mejor es esperar el desarrollo de la auditoria, instancia para la cual, aseguró, la municipalidad entregará toda su cooperación.

Eso sí, hay quienes incluso piden que el tema vaya más allá en el caso de detectar alguna irregularidad. El abogado de la agrupación “Viña Transparente”, Javier Gómez, solicitará ante el Tribunal Electoral la destitucion de la Alcaldesa y los concejales de Viña, esto por un “notable abandono de deberes”.

Este proceso de auditoría, debería concluir con un informe detallando lo investigado, y revelando las posibles irregularidades al interior del municipio; en un documento público que debería poder ser de libre acceso para toda la ciudadanía.