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Miércoles 21 marzo de 2018 | Publicado a las 13:59 · Actualizado a las 14:12
Comisión Interamericana por polémicas en Cread Playa Ancha: menores están en grave riesgo
Publicado por: Yerko Roa La información es de: Radio Bío Bío
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió que el Estado de Chile adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los menores que se encuentran en Centro de Reparación Especializado de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha, pues la situación en la que se encuentran es de “grave riesgo” según la institución.

En el documento, que establece medidas cautelares a favor de los residentes del Cread, centro de menores administrado por el Servicio Nacional de Menores (Sename), se mencionan vulneraciones a los derechos recientes como el caso del niño que fue violado por un adolescente del recinto en febrero y el de un funcionario que presuntamente habría amenazado a un menor, que estaba siendo medicado con 20 pastillas diarias, para que no lo denunciara.

La CIDH estableció también que tanto el solicitante —La Matriz— como el Estado reconocen que no existe un instrumento de que evalúe a los funcionarios sancionados por maltrato.

El proceso ocurre porque la corporación La Matriz de Valparaíso solicitó al organismo las medidas cautelares pues, según se denunciaba, los menores estaban en una situación de maltrato y torturas, entre otros actos de violencia.

El Estado argumentó ante la Comisión que no aplicaría el artículo 25, que finalmente se invocó para pedir la protección de los niños y adolescentes, pues se habían adoptado las medidas para mejorar la situación.

En su defensa el Estado aseveró, entre otras cosas, que se han realizado sumarios ante las acusaciones de maltratos y que se estaría colaborando con el Comité de Derechos del Niño, en un proceso reservado.

En lo que se refiere a la administración de medicamentos, el Estado aseguró que ya no se ocupan por vía intravenosa. “En lo que se refiere, desde mayo 2017 habría sido suspendida la aplicación de fármacos de emergencia inyectable, y se habría solicitado gestionar el cambio a prescripciones de vía oral”, se lee en el documento.

Por último se mencionó que el recinto se encuentra en proceso de cierre.

En sus objeciones a la respuesta del Estado, la corporación La Matriz aporta nuevos antecedentes. En primer lugar informa que no se ha dado cuenta de todos los sumarios y que 30 se encuentran en tramitación.

Además la corporación aseguró que una auditoría de 2017 se menciona una “criticidad alta”, por lo que expresó su preocupación ya que no existiría inventario de medicamentos y habría una ausencia de un sistema de control y registros de la administración de estos.

Además se mencionaron casos recientes, como el de la violación de un niño en las duchas de un centro deportivo, lo que fue noticia hace un mes, pero no sería el último incidente.

“El niño D.L.V. habría indicado que un educador, en su momento suspendido por sumario, le habría amenazado de sufrir castigos y golpes si es que hablaba (el solicitante presumió que este niño habría sido “sobre medicado” con 20 pastillas diarias de diversos fármacos)”, dice la CIDH.

Además la corporación expresó su temor que ante el cierre rápido del recinto haya un traslado a otras regiones donde los menores no cuenten con vínculos.

En la resolución se consideran las objeciones del Estado. “Sin embargo, observa que estas se encuentran en proceso de implementación, estando aún pendiente establecer fechas y lugares de reubicación. Mientras tanto, la Comisión advierte que ambas partes han coincidido en indicar que no existe un instrumento de “evaluación de la idoneidad del personal de trato directo que hayan sido sancionados administrativamente por maltrato””, expresó la Comisión.

En base a los antecedentes, que hablan de que después de las medidas los problemas han continuado, la Comisión observó que las medidas no han impactado en “prevenir circunstancias de riesgo y violencia”.

“La Comisión considera suficientemente establecido que los derechos de las y los propuestos beneficiarios se encuentran en grave riesgo dado la naturaleza de las alegaciones efectuadas y apreciadas también por el propio Estado y, en particular, por su especial situación de vulnerabilidad al tratarse de niños y niñas”, concluye.

Con esto se solicita que se adopten las “medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el Cread de Playa Ancha, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y orientadas conforme a su interés superior”.

Además, el Estado deberá informar a la CIDH de las medidas adoptadas dentro de un plazo de 20 días y se deberá actualizar periódicamente la información.

La Comisión deja claro que con esto no se prejuzga una violación de los derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o de otras formas.

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