El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso aclaró que no tiene que ver con la vulneración de derechos acogida dentro de la demanda de tutela interpuesta por 19 haitianos en contra de la constructora Christian Araya E.I.R.L.

Esta demanda fue resuelta por el Juzgado de Letras de San Antonio, ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, finalmente, acogida también por la Corte Suprema.

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El escrito legal acusa vulneración de derechos fundamentales como son la vida e integridad tanto física como psíquica de los trabajadores extranjeros quienes habrían estado en pésimas condiciones de habitabilidad.

Según se lee en el escrito, se habría superado el máximo de horas de trabajo permitidas diariamente de acuerdo a la legislación laboral sin que fueran declaradas ni pagadas.

Además, para que los hombres de nacionalidad haitiana se alojaran, se construyeron dependencias dentro de las mismas obras que debían ser fiscalizadas por Serviu.

Estos campamento improvisados carecían de agua potable y servicios higiénicos y contaban con camas hechizas en el interior donde dormían cada noche.

La justicia condenó a los demandados a pagar a cada uno de los afectados 11 remuneraciones mensuales calculadas en relación a su sueldo de $300.000 o $500.000 según caso.

Por otra parte, la sentencia obliga al Serviu, por no fiscalizar y evaluar los proyectos, las normas técnicas y contratos, a responder solidariamente en el pago de las remuneraciones pendientes, feriado proporcional y la indemnización sustitutiva del aviso previo.

Carlos Contador, director regional de Serviu aclaró que, tal como dice el fallo, no tienen que ver con la vulneración de los derechos.

El director informó que sí se realizaron sumarios administrativos y sanciones a los inspectores técnicos del servicio que estaban encargados de fiscalizar las obras.