En prisión preventiva quedaron 23 de los 31 imputados en el caso de estafas telefónicas reiteradas que se registró en julio del 2016 en la comuna de Concón, cuyas llamadas habrían sido efectuadas por los 8 detenidos restantes desde el interior de las cárceles de Santiago y Rancagua.
La investigación, la cual incluyó 5 regiones del país, estuvo a cargo del fiscal de delitos económicos de Viña del Mar, Pablo Bravo, quien formalizó la investigación por robo con intimidación. Antecedentes que fueron acogidos por el tribunal, quien no descartó estar ante la presencia de la agravante de haber actuado en una agrupación delictual.
El subprefecto Claudio González, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, explicó que las víctimas eran escogidas por ser de sectores acomodados de la comuna.
El abogado defensor de 3 de los imputados, Luis Madariaga, anunció que apelará ante el tribunal de alzada, sosteniendo que el delito cometido corresponde a estafa con amenazas.
El Tribunal de Garantía de Viña del Mar dio un plazo de investigación de 150 días, periodo en el que no se descarta que pudieran haber reformalizaciones por el delito de asociación ilícita, o bien, nuevos imputados.
