La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó el auto de procesamiento dictado en contra de siete personas por su participación en el caso de secuestro y grave daño de un ciudadano dominicano, hecho ocurrido en el mismo mes de septiembre de 1973, a pocos días del Golpe de Estado.

Este es uno de los casos emblemáticos del régimen militar porque según los organismos de Derechos Humanos se trata de una de las primeras detenciones que ocurrieron tras el levantamiento militar y al tratarse de un extranjero, se desprende que la colaboración internacional entre los regímenes de la época en el contexto latinoamericano, operaron mucho antes de lo que se cree.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación llevada por el ministro Jaime Arancibia, se logró establecer que el estudiante de economía de nacionalidad dominicana, Juan Andrés Blanco Castillo, fue detenido a pocos días del golpe por una patrulla de efectivos de la Armada de dotación de la Base Aeronaval de El Belloto para luego ser entregado al servicio de Inteligencia de esa misma repartición.

Seis meses después de su desaparición, la Policía de Investigaciones (PDI) de la comuna de Quilpué, concurrió presuntamente por otro procedimiento hasta el sector Colliguay donde se produjo el hallazgo de un cadáver “N.N.” que por las características que tenía, podría corresponder al de Blanco Castillo.

La autopsia no fue ubicada y los restos fueron remitidos a una fosa común del Cementerio de Quilpué, configurándose así el delito de secuestro con grave daño, figura prevista y sancionada en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos dice el fallo de la Corte.

Alicia Zuñiga, de laAgrupación de Derechos Humanos de Valparaíso, valoró el fallo y el proceso investigativo que ha desarrollado la justicia, donde se ha podido ir dilucidando lo que definió como una verdadera conspiración para que los crímenes de lesa humanidad queden impunes.

En el fallo emitido por la Corte de Apelaciones, se ordena someter a proceso a Ernesto Huber Von Appen, Jaime Urdangarin Romero, German Valdivia Keller, Arístides Leon Calffas, Guillermo Aldoney Hansen, Jose Gutierrez Bello y Vicente Sepúlveda Cuevas.

Zúñiga agregó que muchos de estos nombres se repiten de forma recurrente en otros casos relacionados con violaciones de Derechos Humanos, incluso llegaron a ocupar altos cargos en la Armada.

La integrante de la agrupación insistió que la Armada debe responder por los crímenes que cometió su personal y en recintos institucionales, lo que aseguró, hasta ahora no han hecho.