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Fragata Lynch: Buscan que Armada autorice a víctimas a reunirse con ONG por asesoría jurídica

ARCHIVO | Pablo Ovalle Isasmendi | Agencia UNO
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La ONG Abogadas Pro Chile hizo un llamado a la Comandancia en Jefe de la Armada para que autorice a las funcionarias que fueron víctimas en el caso de la cámara espía instalada en la Fragata Lynch, a reunirse con la organización.

La entidad liderada por la exjefa jurídica de la administración de Jorge Castro, Jeanette Bruna, busca ofrecer a las mujeres afectadas asesoría gratuita en el juicio que se lleva en contra de los marinos que compartieron las imágenes íntimas que fueron captadas a través de ese sistema.

Se envió, de manera oficial, una solicitud al almirante Enrique Larrañaga solicitando una entrevista con las víctimas de las grabaciones, “atendido que cuatro de los inculpados procesados están con atención gratis en la Corporación de Asistencial Judicial”. “Estimándose necesario antes de que se abra el secreto sumario, poder dar tranquilidad a las víctimas a objeto que tengan asesoría legal y puedan ejercer sus derechos constitucionales”, señala el escrito.

Bruna explicó que en este tipo de casos, las denuncias y el ejercicio de acciones legales cuando se es víctima de delitos de connotación sexual y acoso laboral en el trabajo, traen intrínsecamente consigo la compleja dificultad de enfrentarse al empleador y a los compañeros, con los cuales se sigue estableciendo una relación. De ahí que se ha solicitado la reunión con las funcionarias, para que sean ellas las que tomen la decisión de aceptar o rechazar la asesoría legal, pero en completo conocimiento de sus derechos.

En conversación con Radio Bío Bío, la jurista dijo que si bien se reconoce que la Armada ha intentando actuar con total transparencia en torno al tema, no es poco relevante que en términos laborales la institución es el ente empleador y por lo tanto no garantiza la imparcialidad en el juicio.

En la misma línea, la senadora Lily Pérez afirmó que solicitará una audiencia con el comandante en jefe de la Armada para solicitar que las funcionarias puedan tener claridad respecto a las acciones que pueden seguir.

No basta con las sanciones que aplicó la institución, sostuvo la parlamentaria.

Finalmente, Jeanette Bruna explicó que el código militar es estricto y no da la opción para que terceros puedan iniciar acciones legales si las víctimas deciden no contar con asesoría legal en el juicio. Ese es uno de los cuestionamientos que se ha hecho dada la poca protección que ofrece a las víctimas.

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