Este jueves se realizan los alegatos por las apelaciones de los autos de procesamiento correspondientes a 6 de los implicados en el juicio penal-militar donde funcionarios de la armada de la Fragata Lynch habrían espiado y difundido imágenes de sus compañeras de funciones.
Jeanette Bruna, directora de la ONG Abogadas Pro Chile, en representación de las 6 funcionarias afectadas afirmó que solicitarán diligencias probatorias específicas para tratar de recuperar las imágenes que fueron borradas para ir en busca de una condena civil y penal contra los responsables.
Jacqueline Enriquez, abogada de Raul Órdenes Vega, el único de los funcionarios que se mantiene detenido en el cuartel Silva Palma, afirmó que su defendido se encuentra arrepentido y en “shock”. Nunca pensó verse involucrado en un crimen, dijo.
La defensa solicitará que se revoquen las medidas contra los funcionarios que arriesgan sanciones, que van desde la amonestación severa a los 30 días de arresto o la expulsión de la Armada.
Se trata de uniformados que van de los 22 y 25 años, uno de ellos sindicado como presunto autor de las grabaciones, el se encuentra privado de libertad. Mientras que de los otros 8 involucrados en un principio, uno fue sobreseído y el resto está en libertad tras pagar una fianza de 22 mil pesos.
