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Agricultores de la región de Valparaíso aseguran que reforma al Código de Aguas es insuficiente

ARCHIVO | Agencia UNO
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La reforma al actual Código de Aguas, que data de 1981, sigue generando debate en el cual políticos de todos los sectores se han referido a sus pros y contras, e incluso el secretario general del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente (Modatima) la ha calificado como insuficiente por -entre otros aspectos- cambiar la categoría de derechos de aprovechamiento.

Modificación de aguas perpetuos a concesiones temporales que se da sólo en los derechos de las peticiones que quedan por otorgar, que representa sólo un 10% de las aguas disponibles.

Pero hasta ahora uno de los principales grupos afectados con la escasez hídrica, los pequeños agricultores, no se habían pronunciado.

Mauricio González, representante de los agricultores de la comuna de Quillota y La Cruz, señala que para ellos la reforma que se discute jamás va a ser suficiente porque sigue resguardando los intereses de las grandes empresas agrícolas.

El principal problema que tiene la actual legislación y que no sería garantizada con la reforma que se propone -argumentan quienes se dedican a la agricultura familiar campesina- es que tendrán la tierra, pero no el agua.

Con esto, ocurre un problema colateral consistente en el abandono obligado de esta actividad productiva, dejando sin su fuente de trabajo a familias que se han dedicado por décadas al cultivo en sus campos.

Así lo señala Edesio Maturana, represente de los agricultores de la comuna de Petorca, una de las zonas más afectadas por la escasez hídrica en el país.

“Yo creo que para el agricultor no va a ser suficiente, porque lo que ellos plasman en el código de aguas es necesario para la subsistencia del humano, pero dejan un poco de lado al agricultor”, señaló.

Actualmente la reforma al Código de Aguas aguarda en el Senado para ser discutida, luego de que la Cámara de Diputados la aprobara el 22 de noviembre. Esto, tras estar en tramitación por cinco años.

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