El edificio de la Intendencia Regional de Valparaíso vio entorpecidas sus actividades a raíz de la presencia de más de 10 dirigentes de la Mesa del Sector Público, quienes irrumpieron en una de las reuniones presupuestadas por el intendente Gabriel Aldoney.
Su propósito era entregarle una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, en la cual piden que establezca conversaciones con los representantes nacionales.
Tras el incidente, que generó bastante hermetismo al interior del edificio, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) en la región -Fernando Kursan- denunció un trato digno de “delincuentes” al interior del espacio.
Además, aseguró que se baraja dar término a los turnos éticos a partir de este lunes, para iniciar una radicalización del movimiento.
Marianela Pinilla, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Valparaíso (Sitecova), indicó que este hecho se produjo por falta de un gesto de voluntad por parte del Gobierno.
“Necesitamos un gesto del Gobierno, tenemos a toda la gente, a todos los trabajadores presionados, nerviosos en la calle y no vemos ninguna señal”, indicó.
Quien le bajó el perfil a esta situación y a las acusaciones de “hostigamiento” -levantadas previamente por los funcionarios- fue el propio Aldoney, quien fue optimista al referirse a los posibles descuentos que podrían afectar a los funcionarios.
La posición de la autoridad regional molestó a Mabel Zúñiga, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) en la Región de Valparaíso, quien aseguró que esperaba una actitud más categórica de parte del jefe regional al considerar su responsabilidad política.
Los funcionarios aseguraron que se mantendrán movilizados, mientras que el representante de la Confusam llamó al Gobierno a no continuar con su actitud soberbia, calificando como “cómico” el argumento del Ejecutivo respecto a una escasez de recursos económicos.
Lo anterior no se justificaría en vista de sus gastos en materia comunicacional y operacionales de una administración que -según el dirigente- ni siquiera experimenta recortes presupuestarios como los del año 2014 y 2015 que tuvieron una afectación de 260 millones de pesos.
