Conductores del transporte público en la región de Valparaíso exigen que la administración de la Tarjeta Nacional Estudiantil no siga en manos de Junaeb y adelantan la presentación de una demanda por concepto de “perjuicios económicos” percibidos por el gremio.
Los choferes amenazaron con un paro indefinido a la espera de obtener una reunión con las autoridades de Transporte y Educación en pos de exigir que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas deje de administrar la TNE.
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Esto considerando el “perjuicio económico” que implicó la entrega de TNE a personas sin ser estudiantes en 2015 y el incumplimiento de las expectativas de los choferes respecto a la instalación de validadores en buses de la zona, según indicó el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Público, Óscar Cantero, quien adelantó además la presentación de acciones legales contra el organismo.
El dirigente insistió en que actualmente existen 50 mil documentos que se utilizan fraudulentamente en la región, recalcando en que Junaeb ha mostrado falencias en el sistema desde que se hizo cargo en 2010.
“Vamos a tener que realizar algún recurso en la Corte de Apelaciones, demandas por el menoscabo económico que hemos tenido en consecuencia de esta investigación que hizo Contraloría”, detalló Cantero.
Marcelo Góngora, director regional de Junaeb, aseguró que el tema recae en las mejoras que se puedan desarrollar al sistema y no en un cambio, por lo que invitó a los conductores a reactivar la mesa de trabajo llevada a través de la Gobernación Provincial con el fin de dar respuesta a sus inquietudes.
Junto con descartar perjuicios económicos del gremio, la autoridad dio cuenta de la apertura de una investigación sumaria a raíz de lo concluido por Contraloría.
“Estas tarjetas no fueron entregadas a los estudiantes, ya que no estaban matriculados, por lo tanto nosotros descartamos que se haya producido una disminución de los recursos de los conductores”, afirmó el director regional.
Góngora destacó que, pese a las dificultades experimentadas en 2015, este año por primera vez se entregaron los documentos a partir de marzo, conforme a un proceso de mejora que contará con la instalación de los “criticados” validadores -como forma de evitar el uso malicioso-, además de la puesta en marcha de una oficina virtual y el envío de tarjetas al domicilio de los estudiantes, a través del correo.
La autoridad detalló que en 2015 fue dispuesto -incluso- un abogado para recoger las denuncias de los conductores por uso malicioso de este instrumento público, sin embargo, se formalizaron sólo 2 denuncias.
Cantero, por su parte, insistió en la posibilidad de que servicios como Metro, el Ministerio de Transportes o su propio gremio se hagan cargo de la administración de este documento dando cuenta del incumplimiento del servicio a la hora de instalar sólo 24 oficinas de atención de en vez de las 44 comprometidas para la región.
Por otra parte, el dirigente reiteró que aún se mantiene una deuda pendiente con alrededor de mil conductores del transporte rural, a quienes -aseguró- desde 2015 no se les ha cancelado el bono de compensación por concepto de traslado de estudiantes durante los meses de enero y febrero.
