La sede regional de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó en el Juzgado de Garantía de Iquique, una querella criminal contra funcionarios de Carabineros por un presunto delito de torturas en 2014 contra un ciudadano: es la primera acción de este tipo que toma esta institución en la región debido a su reciente instalación.

Conforme con el relato de la víctima, el 18 de abril de 2014 se dirigía en su vehículo desde su trabajo a su hogar y fue asaltado por unos individuos en la población Jorge Inostroza de Iquique que le sustrajeron su documentación.

En ese momento, llamó a Carabineros para dar cuenta de la situación pero también decidió seguir por su cuenta a sus victimarios. En el trayecto, se encontró con una patrulla y les pidió que lo acompañaran para detener a los asaltantes ante lo que los funcionarios le respondieron que se encontraba “drogado y borracho”.

La víctima fue trasladada a la comisaría en calidad de detenido sin que se le comunicara el porqué de la situación, ni se aplicara el procedimiento pertinente, según explica la agrupación de Derechos Humanos.

Prueba de alcoholemia

Una vez en la comisaría, fue llevado a una oficina donde carabineros lo habrían insultado, esposado y golpeado con manos y pies, para luego quitarle las esposas, golpearlo nuevamente contra una pared y dejarlo caer por una escalera.

Posteriormente fue trasladado al hospital, “no para constatar lesiones, sino para ser objeto de una alcoholemia que finalmente no se realizó”, comunica el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La víctima fue liberada a la mañana siguiente, debiendo en fechas posteriores pagar un parte por conducir sin portar su licencia, la que justamente le había sido robada.

Tortura

El INDH solicitó a la Fiscalía que le requieran a Carabineros todos los antecedentes sobre lo sucedido y que la PDI investigue les hechos denunciados.

En Chile, se entiende por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigar a una persona por un acto que se le acuse haber cometido, o por discriminación.

También se entenderá por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión.

En el marco de esta ley pueden ser sancionados tanto funcionarios públicos como particulares que participaran en la comisión de este delito, debiendo ejecutarse las condenas a través de presidio, e impidiéndose su cumplimiento por medio de penas remitidas, como libertad condicional, arresto domiciliario u otros.