La primera sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua determinó, en fallo divido, revocar las medidas cautelares sólo al principal imputado, Francisco Díaz Zúñiga, que quedó con arraigo nacional y firma mensual mientras que los otros 3 acusados de causar incendios en la comuna de Chépica mantuvieron la libertad concedida por el Juzgado de Garantía de Santa Cruz el pasado viernes.

Díaz, el principal sindicado tras relatos de testigos que aseguran haberlo visto, se encontraba en el lugar de los hechos con una camioneta blanca. Según comunicaron varios vecinos, estaría causando fuego: fue detenido con una particular polera con rayas, que calzaba con declaraciones de los testigos.

La detención ocurrió cerca de 3 horas después de los testimonios, encontrándose en la camioneta junto a las otras tres personas, bidones con evidencia de gasolina y petróleo que la Fiscalía indica que pudieron ser usados como acelerante para causar incendios, razón por la cual el gobierno se querelló invocando la ley de seguridad del estado y el delito de incendio.

Son 120 días los que se otorgaron para realizar la investigación de uno de los casos insignes de eventuales causantes intencionales de la serie de incendios forestales en el país.

Los imputados, que no tienen antecedentes, se exponen a penas que comienzan con 5 años y un día e incluso podrían aumentar considerando que la zona fue declarada como Catástrofe.

Indicios “bastante potentes”

La Subsecretaría de Interior no se mostró conforme con la decisión del tribunal pero creen “que se haya revocado el fallo es positivo”.

El fiscal Francisco Soto recalcó que “el Ministerio Público pedía prisión preventiva para los cuatro indicados ya que los hechos ocurrieron cuando la zona ya estaba en Estado de Emergencia y esto es un agravante por lo que la pena tendría que ser mayor”.

“Los indicios que presentamos son bastante potentes“, comentó Soto haciendo referencia a los testimonios de los testigos.

Por su parte, el abogado defensor, Victor Providel, comentó que “con los antecedentes que aportamos al Ministerio Público, esta medida debiera ser modificada en el futuro ya que Díaz, en el momento de los hechos, se encontraba trabajando en un lugar distinto al sector El Amarillo de Chépica”.

Por su parte, Soto opinó sobre el certificado que presentó el acusado al que hizo referencia Providel. “No señala nada, solo cuándo entró y salió de su trabajo”.

El fiscal también confirmó que más de 30 personas han sido formalizadas en la región desde comenzó la tragedia: cinco de ellas se encuentran en prisión preventiva y una internada de manera previsoria.

Antecedentes

Los formalizados fueron detenidos el pasado jueves 26 de enero, tras un aviso de vecinos de Quinahue a Carabineros sobre un grupo de personas que presuntamente habrían estado iniciando fuego en pastizales, por lo que los uniformados iniciaron su búsqueda.

Luego de una persecución, lograron detenerlos y encontraron, en el vehículo en el cual viajaban, dos bidones plásticos con restos de parafina y un par de guantes.

No obstante, el Juzgado de Garantía de Santa Cruz consideró que no eran pruebas suficientes contra los imputados para determinar la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía.

Tras esto, el Gobierno alzó la voz por medio del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunciando de inmediato que apelarían el fallo.

Aleuy indicó que, en este caso habían presentaron una querella por Ley de Seguridad del Estado y por delito de incendio contra de los detenidos dada la gravedad de los hechos cometidos en un territorio que se encuentra en Estado de Catástrofe y por el acelerante encontrado en manos de estos individuos.

Sin embargo, a juicio del abogado de la defensoría penal pública, Cristian de la Jara, ninguno de los cuatro tuvo participación en la situación, y aseguró que el principal sindicado como autor de realizar una fogata, no se encontraba en el lugar.

El fiscal del caso, Sergio Moya, señaló en ese momento que no quedaron conformes con el fallo dado al estándar de exigencia para decretar alguna medida cautelar.