Tras casi dos años de la brutal golpiza a internos del penal de Chillán y uno desde la formalización de seis gendames, el Juzgado de Garantía de Chillán cerró la investigación y apercibió al Ministerio Público para que presente la acusación por apremios ilegítimos.
La resolución fue dictada a petición de la abogada Paola Cerda, quien representa a Juan Carlos Vaccaro, uno de los presos sometidos a maltratos físicos que quedaron registrados en una cámara de seguridad y cuya difusión incluso obligó a que el director de Gendarmería se apersonara en la cárcel chillaneja.
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La consecuencia de la resolución que pone fin a la investigación es un plazo de 15 días para que la Fiscalía acuse a los funcionarios penitenciarios, abriendo la posibilidad de que los imputados enfrenten un juicio abreviado o uno oral, aunque manteniéndose la posibilidad de una salida alternativa.
Esto último, según fuentes de Radio Bío Bío, seguiría siendo una opción, lo que dependería de un acuerdo reparatorio que involucre el pago de una indemnización a los internos víctima de los maltratos físicos.
