El diputado desaforado, militar en retiro y exagente de la CNI, Rosauro Martínez, percibiría una pensión de invalidez de $1 millón 282 mil, por inutilidad de segunda clase, pese a que luego de su salida del Ejército, se desempeñó como alcalde de Chillán entre 1989 y 1992, y luego como diputado por Ñuble desde 1993 a la fecha.

La situación fue denunciada por la directiva del partido País en la región de Ñuble, luego de realizar las consultas pertinentes y obtener respuesta a través del ordinario 6855/4552/2017, emitido el pasado 04 de septiembre por el ministro de Defensa José Antonio Gómez.

El partido manifestó su indignación ante la información entregada por la cartera, ya que Martínez se encuentra actualmente enfrentando un proceso judicial en el que se le acusa de haber asesinado a tres integrantes del MIR en el contexto de la operación Neltume en 1981.

“Cabe preguntarse como las razones que dieron origen a recibir una pensión de inutilidad de segunda clase en el caso del desaforado diputado Martínez, le permitió posteriormente ser alcalde de Chillán y ejercer dicha labor remunerada, o ser diputado de la República y ejercer una función a través de una dieta, cuando el fundamento que da origen a esta pensión es precisamente que no estaba en condiciones físicas o fisiológicas para un trabajo de otra índole”, expuso Cristian Quiroz, directivo en Ñuble de la colectividad.

En esta línea, Quiroz llamó al congresista Martínez a entregar una explicación respecto a la existencia de esta pensión que, a su juicio, es cuestionable dada las labores que cumplió como legislador.

BioBioChile se comunicó con el equipo de comunicaciones del diputado desaforado, quienes invocaron el dictamen 65.163 del 2 de noviembre de 2010 de la Contraloría General de la República que establece: “los titulares de una pensión de retiro por inutilidad de segunda clase, únicamente se encuentran impedidos de ejercer cargos remunerados en las instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, incompatibilidad que no se aplica a los casos en que éstos perciban sueldos u honorarios en otros organismos de la Administración del Estado”.

Asimismo, el congresista y exagente de la CNI desafió a los denunciantes a concurrir a la justicia ya que, este hecho, a su juicio, busca obtener dividendos políticos en época electoral.