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Ex ejecutivo del BCI acusado de apropiarse de $865 millones seguirá en la cárcel

Diario El Pingüino
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La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó ayer la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía en contra de Gerardo Richard Menéndez Torres, imputado como autor del delito consumado y reiterado de apropiación indebida de dineros de clientes del Banco BCI.

De acuerdo a lo informado por El Pingüino, en fallo dividido se ratificó la resolución impugnada, al compartir plenamente los fundamentos de la jueza de primera instancia Paula Stange Kahler. Esta investigación se gestó a través de dos querellas, la del banco y la de uno de los clientes.

Los antecedentes dieron cuenta que durante los años 2011 al 2015, en circunstancias que el imputado se desempeñaba como ejecutivo de inversiones en la sucursal de Punta Arenas, teniendo como función gestionar diversos trámites, procedió a efectuar rescates de dineros por concepto de acciones y fondos mutuos de cincuenta clientes del banco, sin la autorización y conocimiento de los afectados, apropiándose y distrayéndolos en usos personales

En la instancia se continuó señalando que para cometer los ilícitos utilizó diversos mecanismos, entre ellos, generó solicitudes de rescate o retiro de la inversión a nombre de un titular la que aparentaba ser legítima y así se emitía un vale vista para el titular, el que era pagado por caja a Menéndez Torres. En otros casos, mantuvo firmas de cancelación diferentes a la del titular.

Además se mencionó que desviaba fondos de un cliente a otros sin su consentimiento y de esta forma de manera reiterada, se apropiaba de los dineros y les entregaba información falsa con respecto a sus estados de cuenta.

También se precisó que fueron cincuenta las víctimas y el monto defraudado supera los 865 millones de pesos.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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