Una pareja condenada a cuatro años de presidio por el delito de tráfico de drogas en Punta Arenas, cumplirá su pena en libertad vigilada.
Los condenados pertenecen al grupo de personas detenidas en la operación “Refugio Sur”, que terminó con siete sujetos imputados por el deíto de tráfico de drogas en las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales.
En esta oportunidad el oriundo de Talcahuano Igor Andrés Valverde Ortega y su pareja la ciudadana colombiana Claudia Patricia Tobar Arbelaez, quienes fueron sindicados como autores del delito, se les otorgó el beneficio de libertad vigilada.
La defensora regional Gustava Aguilar señaló al medio El Pingüino que la defensa solicitó la modificación de la medida de prisión preventiva que pesaba sobre la pareja desde septiembre del año pasado, lo que fue concedido por los jueces José Octavio Flores Vásquez, Jovita Soto Maldonado y Julio Álvarez Toro.
Luego de retomar su libertad, Claudia Tobar señaló al medio que “sólo decir a todas las personas que están presas que confíen en Dios, que es grande y poderoso, y hoy se hizo el milagro que tanto pedí ya que Dios sabía la verdad de todo lo que me estaban culpando”.
Imputados puestos en libertad
De las siete personas relacionadas en la investigación, cinco de ellas fueron condenadas en juicios orales.
Los ciudadanos colombianos Fernando Torres Gutiérrez y Luz Adriana García Aranda fueron absueltos en forma unánime, luego que se les sindicara por el delito de tráfico ilícito de drogas.
En el caso de Carlos Edier Portocarrero Otero, condenado como autor del delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de estupefacientes, se le sustituyó la pena de tres años de presidio por la de libertad vigilada.
Quien no corrió con la misma suerte fue James Velásquez Sánchez, quien cumple la pena de cinco años y un día en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, tras ser condenado también por el delito de tráfico de drogas. No recibió beneficio alguno.
El imputado Juan Carlos Irurita Buritica, también de nacionalidad colombiana, fue condenado a la pena de tres años de presidio, sin embargo, la defensa solicitó su expulsión del país, ya que cumple con los requisitos para este beneficio.
En el caso de que se tome esta medida, Irurita no podrá ingresar al país en el transcurso de los próximos diez años.
