Nuevamente el municipio de Puerto Octay deberá desembolsar una millonaria suma, tras acreditarse el despido injustificado de una trabajadora embarazada. Si bien la casa edilicia apeló al Tribunal de Alzada, no se presentó a la audiencia.

La trabajadora -que solicitó resguardo de identidad- señaló que la falta de interés y condescendencia por parte de la alcaldesa, fue lo que la motivó a recurrir a la justicia en Osorno. Instancia que falló en su favor.

Si bien se solicitaba el pago de los 8 años de servicio, más las respectivas cotizaciones y el mes de notificación, el tribunal de Osorno acogió en parte la petición. Ello por una interrupción de las labores, por lo que los pagos se remontan al mes de diciembre de 2016 en adelante.

La abogada que representó a la trabajadora, Pilar Keim, señaló que si bien esperaban que el municipio apelara a instancias mayores, fue bastante la sorpresa al ver que éstos simplemente no se presentaron.

Ello facilitó la resolución de Alzada, quien simplemente desestimó la medida ante el abandono del recurso.

El presidente de la cámara de Diputados, Fidel Espinoza, se mostró asombrado por el nuevo fallo en contra del municipio lacustre, quien dijo, desde que asumió la alcaldesa por la UDI se ha visto envuelto en una serie de conflictos laborales.

Asimismo, dijo lamentar que una casa edilicia pequeña tenga que desembolsar millones y millones por una persecución política brutal.

Recordemos que en 2017, la casa edilicia Otayina ya tuvo que desembolsar aproximadamente 50 millones de pesos para el pago de 5 trabajadores despedidos -a su juicio- injustificadamente.

No obstante ello, en esa oportunidad hubo acuerdo entre las partes lo que significó que no sea la justicia quien resuelva los montos.