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SMA inicia proceso contra Lácteos Puerto Octay por contaminación en lago Llanquihue

ARCHIVO | Agencia UNO
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Dos procesos en contra de Lácteos Puerto Octay lleva la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), tanto por las descargas ilegales y contaminantes al lago Llanquihue como por faltas detectadas en el último tiempo.

Ivonne Mancilla, jefa regional de organismo, señaló que a través de una resolución se ordena a la empresa “Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda.” dar solución al rebalse de riles, que primero significaron la inundación de un predio y luego el vertimiento al lago.

A través de una fiscalización a la planta, emplazada calle Playa Raquel s/n, se detectó la contaminación, por lo que se dispuso del cumplimiento de 5 medidas provisionales.

Las medidas deben ser subsanadas en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar de la fecha en que se cursó la notificación que fue el pasado 11 de diciembre.

No obstante, Mancilla dijo que de forma paralela el organismo formuló cargos contra la misma empresa por 9 faltas detectadas en la planta y donde, dos de ellas, son graves.

Además del rebalse, la jefa regional dijo que la empresa no facilitó información requerida por la SMA, no reportar autocontroles, por superar el caudal, entre otros.

Al igual que en el proceso antes descrito, Lácteos Puerto Octay cuenta con dos opciones a ejecutar: la primera corresponde a que en un plazo no mayor a 15 días hábiles presente sus descargos a través de una apelación. En segundo término, presentar un programa de cumplimiento de normas, el cual debe ser entregado en un máximo de dos semanas.

Consultada por las medidas que permitan resguardar el Lago Llanquihue, la jefa regional del SMA señaló que en atención a todos los hechos ocurridos en el afluente éste año, hace unas semanas se concretó un monitoreo de las aguas.

Ahora lo que salga de ese monitoreo, será informado a la autoridad correspondiente con tal que se tomen las acciones que se estimen pertinentes para el resguardo.

De no responder ninguna de éstas instancias arriesgan multas millonarias descritas a través de Unidades Tributarias Anuales, que sanciona con hasta 2.800 millones de pesos cada hecho grave, o revocar el permiso ambiental o ya directamente facilitar la clausura de la planta.

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