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Alcalde de Río Negro y formalización por desvío de caudales públicos: Es irrisorio

Carlos Schwalm | rionegrochile.cl
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El alcalde Río Negro, Carlos Schwakm, fue formalizado por el delito de malversación de caudales públicos luego de una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el pago irregular de recursos a quien fuera su jefe de gabinete hasta 2013, que también fue imputado en el causa.

La audiencia de formalización se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Río Negro. Allí, la fiscal Leyla Chaín expuso los antecedentes que se basan, esencialmente, en la misma demanda del CDE, que relatan cómo se habría configurado la sustracción de dineros fiscales para beneficiar económicamente a Miranda.

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Éste último estaba contratado como jefe de gabinete bajo la modalidad de contrata en 2013, pero fue vinculado anexa y paralelamente, vía honorarios, para el desarrollo de una plataforma de participación ciudadana.

Por lo anterior, recibió una cifra superior a los cinco millones 800 mil pesos. Un pago que fue rechazado por la Contraloría, que desarrolló incluso un juicio de cuentas, el cual terminó con la devolución de los recursos por parte del alcalde Schwalm.

Todo ello habla de lo adelantado que está el proceso, al ser sancionada ya la arista relativa a la probidad pública.

Pese a ello, se decretó un alto plazo de investigación, de 120 días, lo cual fue solicitado por la defensa, sin mayores reparos por parte del Ministerio Público.

De acuerdo a Chaín, existirían intenciones de algún juicio abreviado o acuerd extrajudicial, aún cuando al tratarse de recursos públicos se vuelve más que complejo.

Para Camilo Miranda y su abogado, Maximiliano Fuentes, el tema debe ser resuelto por la Justicia, mostrándose tranquilos respecto al proceso, pero sin querer aventurar mayor opinión.

En la audiencia, Schwalm fue recibido y despedido por adherentes entre aplausos, contexto en el que calificó de irrisoria la imputación de delitos, insistiendo en que existe intención política, particularmente del diputado Fidel Espinoza, pues el tema estaba cerrado administrativamente, pero fue reabierto producto de la demanda del Consejo de Defensa del Estado.

Insistió, además, en que se trata de un error administrativo, que puede ser replicado en cualquier otro municipio del país cuando se establecen confianzas en personas específicas que no cumplen con lo acordado.

De hecho, también reconoció que faltó mayor prolijidad de su parte al revisar que lo contratado a Miranda se cumpliera, pues hubo varias instancias internas en el municipio que sí visaron el pago de los casi seis millones de pesos.

No obstante, Chaín fue enfática en detallar lo alto de las penas que involucra un caso de malversación de caudales públicos, que van de 5 a 15 años de presidio.

Tanto Schwalm como Miranda quedaron con las medidas cautelares de firma mensual en Fiscalía y arraigo nacional. El plazo de investigación es de 120 días, por lo que, de no mediar otra determinación, el juicio podría desarrollarse recién en 2018.

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