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Fijan audiencia de formalización contra alcalde de Río Negro por malversación de caudales

Carolina Gatica | RBB
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El alcalde de Río Negro, Carlos Schwalm, será formalizado en agosto por el delito de malversación de caudales públicos, luego de una querella criminal del Consejo de Defensa del Estado por el pago irregular de millonarios recursos a un funcionario que ejerció como jefe de gabinete.

La fecha fijada por el tribunal recae en el 21 de agosto de este año a las 10:45 horas. También se notificó a Camilo Miranda, el otro involucrado que trabajó junto a Schwalm entre 2011 y 2013.

De acuerdo a lo denunciado por el Consejo de Defensa del Estado, Miranda recibió un pago de 5 millones 887 mil pesos y fracción por servicios que no se prestaron finalmente, por lo que incluso la Contraloría ordenó la restitución de los dineros.

A juicio del CDE existió el delito de malversación de caudales públicos, esgrimiendo en el libelo que el alcalde Carlos Shwalm se habría concertado con Miranda para favorecerlo económicamente.

De esta forma, se sustrajeron recursos del erario municipal para pagarse la supuesta construcción de una plataforma comunicacional de participación ciudadana y para lo cual se suscribió un contrato anexo, que debía ejecutar fuera de su horario de trabajo.

De acuerdo a Miranda no es efectivo que se hayan pagado de forma inadecuada los cerca de 6 millones de pesos, sino que todo es debido a un problema administrativo que desde el municipio de Río Negro no se quiere reconocer. Él aseguró que incluso cuenta con grabaciones de audio.

Camilo Miranda explicó que mientras era jefe de gabinete, se le asignaban labores extras, incluso en horario, para cumplir con metas anuales principalmente en el ámbito político.

Una de ella fue precisamente la elaboración de una plataforma ciudadana en internet, lo cual no era un producto propiamente tal, sino que una serie de tareas asignadas durante un año, algo que fue explicado incluso a Contraloría.

Asismismo, Miranda reveló que recientemente se le habría enviado un oficio en el que se le conmina a pagar una cifra superior a 5 millones de pesos, por tributos cancelados en el marco del mismo proceso cuestionado.

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