El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de una funcionaria del municipio de San Juan de la Costa por el delito de cohecho pasivo agravado, acción judicial que podría extenderse a todos aquellos que resulten responsables en la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de un programa de viviendas sociales.
Se trata de pesquisas que comenzaron bajo el rótulo de desformalizadas por parte del Ministerio Público, luego de que en medio de un conflicto laboral, un empleado de la empresa Training Concepción develara que habrían existido acuerdos con la administradora municipal de San Juan de la Costa para el pago de aportes como compensación a la adjudicación de 33 viviendas sociales para familias indígenas, aportes presuntamente solicitados que superarían los 60 millones de pesos.
Tras conocer dicho antecedentes, el juez del Tribunal del Trabajo de Concepción los remitió hasta la Fiscalía regional de Los Lagos. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado tomó parte en el proceso, concluyendo que existiría el delito de cohecho pasivo agravado, por lo cual formuló la querella criminal.
Consultado frente al tema, el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, explicó que es parte del proceso judicial esperable, aún cuando dijo que no se han tomado acciones contra la funcionaria porque se debe cautelar el principio de inocencia.
La querella criminal del Consejo de Defensa del Estado recomienda la citación a declarar de la trabajadora municipal de San Juan de la Costa, así como la apertura del secreto bancario de sus cuentas y la búsqueda de abonos provenientes de diversas personas naturales y jurídicas involucradas en el proceso. También que se elabore un perfil patrimonial de la investigada, entre otras medidas.
Precisar que la investigación aún se mantiene desformalizada por parte del Ministerio Público, debiendo recabar aún antecedentes para levantar en algún momento un proceso judicial en este caso.
