La concejal por San Juan de la Costa, Prosperina Queupuán, recibió el informe municipal que da cuenta de las empresas que mantienen contratos de construcción, en el marco del programa piloto de Habitabilidad Rural, en medio de la investigación desformalizada que lleva adelante el Ministerio Público.
Según detalló Queupuán, la empresa vinculada a la demanda laboral que dio inicio a las pesquisas del Miniserio, es la que más viviendas se adjudicó, con 29 del total de 160 que incluye el segundo llamado, actualmente en ejecución.
A juicio de la concejal el catastro de empresas contratistas es claro y establece que hay vínculo entre el contratista y el municipio, por lo que urge que se esclarezca si es que hubo pago de “aportes” por cada casa adjudicada.
Por ello, es que llamó al Ministerio Público y a la PDI a agilizar la investigación, pues en el municipio, pese a haber un sumario, todo sigue igual.
Detalles previos
Recordemos que en el fallo del juez laboral de Concepción, Fernando Sther Gómez, rechazó uno de los puntos del demandante, que exigía el 25 por ciento de comisión por la adjudicación de las viviendas.
Y es que tras recibir información emanada desde el Serviu, el juez no pudo establecer que al momento de la demanda las viviendas estaban adjudicas.
Sin embargo, posteriormente sí se contrataron los servicios, según reza el detalle entregado por el municipio de San Juan de la Costa.
Según se detalla en el fallo laboral, el demandante sumó en su declaración al menos tres email que darían cuenta de solicitudes de aportes a cambio de la adjudicación de viviendas, argumentos que hicieron que el magistrado informará a la Fiscalía Regional de Los Lagos, que inició la investigación desformalizada.
