Los integrantes de la Asociación Comunal de Funcionarios Municipales de San Juan de la Costa descartaron tener alguna vinculación con lo hechos que iniciaron una investigación desformalizada por parte del Ministerio Público en la entidad edilicia.

Ellos solicitan que se aclare pronto una situación preocupante en una de las comunas más vulnerables del país.

Fue a través de una declaración pública en la que sostienen que se enteraron por la publicación de Radio Bío Bío, respecto a la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de un programa de viviendas sociales para zonas rurales y pueblos originarios.

Ulda Vargas Pinol, presidente de la agrupación gremial, sostuvo que tampoco tienen antecedentes de las pericias que realizó la PDI en dependencias municipales, ni otras diligencias enmarcadas dentro del proceso desarrollado por el Ministerio Público.

De todos modos, insistió en que al menos los funcionarios municipales adscritos a la Asemuch no tienen vinculación ni antecedentes al respecto.

Sin embargo, solicitó al Ministerio Público que en lo posible se tengan pronto los resultados en torno a la investigación, con tal de despejar las dudas respecto a una situación que de confirmarse podría ser muy grave.

Cabe precisar que el programa de Subsidios para familias de sectores medios (DS1) con soluciones habitacionales pertinentes enmarcadas en zonas aisladas y en pueblos originarios, contempla entregar más de 600 viviendas principalmente a familias mapuche huilliche.

Esta es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia. La idea, que es pionera en el país, se destaca debido a la pertinencia cultural de las casas.