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Indagan presunta irregularidad en programa ejecutado por municipio de San Juan de la Costa

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El Ministerio Público desarrolla una investigación desformalizada en el municipio de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos, por presuntas irregularidades en la ejecución de un programa de viviendas sociales. La entidad aludida realizó un sumario administrativo.

Todo partió con una denuncia laboral interpuesta por Jorge Acevedo Fiebig contra la empresa Trainning Concepción, con domicilio en la región del Bío Bío.

En el fallo al que tuvo acceso La Radio, redactado por el juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Fernando Sther Gesche, el demandante expone que al mismo tiempo trabajó bajo comisión en una empresa constructora vinculada directamente a la anterior (Trainning Concepción) sin contrato, gestionando cotizaciones, llegando así al municipio de San Juan de la Costa, el cual necesitaba empresas para levantar viviendas sociales del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).

Así se establecieron millonarias comisiones, siendo la misión del demandante el buscar la adjudicación de 30 viviendas. Sin embargo, hubo discrepancias, pues se le informó que sólo se le pagarían 12 millones de los 62 millones y fracción acordados previamente.

Tales diferencias llevaron a que fuera despedido, comenzando así un juicio laboral. Por su parte el juez dio a lugar lo demandado respecto a declarar nulo el término del contrato tras deudas existentes en materia de cotizaciones de seguridad social, condenando por ello a la empresa a pagar remuneraciones y otras prestaciones contenidas en el contrato hasta que se convalide el despido. Además, condenó a pagar montos por conceptos de comisiones.

En medio de la investigación se descubrieron correos electrónicos que anexó el demandante en la causa y que darían cuenta de hechos que podrían ser constitutivos de delito, por lo que el juez Fernando Stheir Gesche informó al Ministerio Público de la situación.

Y es que en su declaración, Jorge Acevedo Fiebig, incluye tres correos entre él y su empleador, Luis Acevedo, en los que se da cuenta de presuntos acuerdos previos para otorgar aportes a cambio de la adjudicación de 33 viviendas sociales.

En ellos se detallan reuniones y comunicaciones con funcionarios municipales con el fin de delinear el acuerdo, que incluía un monto total de 885 millones de pesos, pero también un presunto aporte de 2 millones de pesos por las gestiones por cada casa, llegando a los 66 millones, pidiéndose incluso un anticipo para financiar parte de un festival “orientado a las elecciones del alcalde”, señala el email.

La demanda del Acevedo despertó las suspicacias de diversos actores públicos, por ejemplo del diputado Javier Hernández, quien solicitó información al Ministerio Público, y quien confirmó la investigación desformalizada, aún cuando no entregó mayores detalles al estar bajo secreto de sumario.

Pero la mayor búsqueda de antecedentes la realizó la concejal de San Juan de la Costa, Properina Queupuan, quien además del Ministerio Público, solicitó información en Contraloría. Desde dicha entidad tampoco hubo un pronunciamiento debido a lo desformalizada de la investigación.

También solicitó en reiteradas ocasiones datos en la sesión del Concejo Municipal, comprometiéndose una respuesta para el próximo miércoles.

A su juicio, de comprobarse estos hechos sería muy grave debido a la importancia del programa en cuestión, el cual es pionero en el país y siendo incluso presentado por la propia titular de la Vivienda, la ministra Paulina Saball.

Al respecto el alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, sostuvo que por el momento no pueden referirse al tema, aún cuando relató que ya se realizó un proceso de sumario que no arrojó faltas administrativas y que fue derivado hasta el Ministerio Público.

Según se pudo recabar, la investigación llevó incluso a que funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Osorno llegarán hasta las dependencias municipales de San Juan de la Costa, aún cuando tampoco se ha informado si es que se formalizarán cargos y menos cuándo.

También el Consejo de Defensa del Estado fue requerido por la Fiscalía Regional, por lo que solicitó copia de la causa y los audios de las audiencias celebradas en el marco de la demanda laboral. En su requerimiento al tribunal penquista se habla directamente de cohecho.

Precisar que en su fallo, el juez Sther Gesche sostuvo que no se pudo acreditar que la empresa en cuestión se adjudicó la construcción de las 33 viviendas sociales.

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