Un recurso de protección en contra del Municipio de Puerto Octay y el Ministerio de Educación presentó el centro general de Padres y Apoderados de la Escuela Islote Lago Rupanco, por actos arbitrarios e ilegales que se cometen en desmedro de los menores.

Según el recurso presentado éste martes en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, tras el incendio que consumió las dependencias del recinto, los casi 30 menores y sus padres han pugnado por tener las condiciones para continuar con sus estudios y “luego de mucha insistencia para poder funcionar se instaló un gran carpa para poder dictar clases a contar del 21 de septiembre”.

Al respecto se refirió el abogado Héctor Cerda -quien es parte del estudio jurídico que representa a los padres- añadiendo que al tomar conocimiento de lo que padecían lo niños, a través de la prensa, decidieron ofrecer sus servicios, constatando que los niños ni siquiera contaban con sistema de calefacción a pesar del frío reinante en la zona y las constantes lluvias.

Por lo anterior, es que decidieron acudir a la justicia y presentar el recurso, porque se está infringiendo una serie de normas y derechos que asisten a los niños, generando que algunos padres incluso determinaran no enviar a los niños en los días en que las condiciones climáticas de la zona son adversas, ante riesgo de contraer enfermedades.

A esto se suma que son los padres y apoderados, dijo, quienes tienen que financiar y construir dependencias para que la actual director y el nuevo profesor asignado -ya que el anterior fue trasladado- puedan continuar impartiendo clases.

El recurso de protección, dijo el abogado, fue declarado admisible decretando de paso la Corte, que tanto el Municipio como el Ministerio de Educación en los próximos 5 días debe remitir a dicho tribunal todos los antecedentes respecto a las condiciones en las que se encuentra el establecimiento, los proyectos que puedan existir y/o dineros asignados.

La instancia, además se solicitó un recurso de no innovar en atención a que solicitaban respuesta inmediata -aunque fuera momentánea- pero fue desechada.

La orden de no innovar, explicó Héctor Cerda, iba basada en el hecho que existiendo vulneración en los derechos del niño y vulneración hacia la salud física y psicológica de los mismos, se mejorara la situación actual pero a la brevedad, mientras se continuaba revisando el recurso de protección, pero como los magistrados no tenían mayores antecedentes es que lo rechazaron.

De esta forma, dijo, esperan la próxima semana conocer más en detalles hasta qué punto esta informado el Ministerio de Educación lo que está ocurriendo con esta treintenta de menores que mayormente provienen de familias vulnerables y acudir a dicho colegio es el primer paso para comenzar una vida de estudios y superación.