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Osorno: Alcalde y administrativos tendrán que devolver $8 millones por uso de publicidad

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Larga fue la discusión en el Concejo Municipal tras conocerse el informe final de Contraloría sobre el uso de material publicitario desde el 2013 por parte de las entidad edilicia, tras requerimiento del diputado UDI, Javier Hernández, quien señalaba que ensalzaba la figura del alcalde, Jaime Bertín.

El ente contralor revisó la emisión de revistas e incluso la elaboración de un libro con imágenes de la provincia, entregado gratuitamente a la comunidad, entre otros elementos publicitarios. Finalmente, confirmó que el envío de invitaciones, saludos y tarjetas de navidad con imagen y a nombre del alcalde no se ajustaba a la normativa establecida, por lo que debieran devolverse más de 8 millones de pesos.

Desde el municipio, la alcaldesa subrogante, Karla Benavides, confirmaba la apelación del fallo a la Contraloría nacional, explicando que de ratificarse lo dispuesto a nivel regional, los que deberán devolver dichos recursos son Jaime Bertín, más los jefes de los departamentos de Jurídica, Control y Administración y Finanzas; no sólo el alcalde, como celebraba el diputado Hernández.

De hecho, se hizo ver que las consideraciones efectuadas por Contraloría Regional fueron asumidas por el municipio, estableciéndose además un sumario interno.

Sin embargo, el concejal Juan Carlos Velásquez, aclaró que el informe establece que dicha investigación será realizada por la propia Contraloría, no por un organismo interno municipal.

En la sesión del concejo municipal, todos los ediles intervinieron, siendo la de Daniel Lilayú la que más provocó discusión. Y es que el gremialista celebró las conclusiones de Controlaría, asegurando que vendrían a avalar aquellas suspicacias sobre una pre campaña de Bertín, con publicidad municipal.

Frente a ello Benavides comentó que las palabras de Lilayú expresadas en el Concejo Municipal podrían ser hasta injuriosas, haciendo ver que la investigación de Contraloría abordó la publicidad elaborada entre los años 2013 y 2015, cuando no estaba en periodo electoral. Por ello que no descartó seguir otro tipo de acciones conforme avancen los proceso de apelación.

En otro plano, en la mayoría de los concejales se instaló la idea de que el dictamen de Contraloría plantea una situación que podría ser discriminatoria, al cuestionar el envío de invitaciones y saludos a nombre del representante legal del municipio, en este caso Jaime Bertín.

De acuerdo a Emeterio Carrillo, si es así, ninguna autoridad pública, en ningún lugar del país, podría enviar documentos similares, por lo que se solicitará a la Asociación Chilena de Municipalidades analizar jurídicamente el dictamen de Contraloría.

Frente a ello, el concejal Velásquez sostuvo que todas las acciones anunciadas vienen a cuestionar la determinación de un organismo fiscalizador independiente al municipio y que está por sobre la entidad, como es la Contraloría, por lo que solicitó un análisis del departamento jurídico para ver si no constituye un notable abandono de deberes del concejo municipal.

Pese a ello, se votó, su postura no prosperó, votándose favorablemente la vinculación de la asociación chilena de municipalidades.

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