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Comunidades acudirán a la justicia para impugnar otorgamiento de sólo 6 millas marítimas

Archivo | Agencia UNO
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La Comisión Regional de Uso del Borde Costero, CRUB, finalmente aprobó el otorgamiento de millas marinas para las comunidades lafquenches del litoral osornino.

La decisión fue criticada por dirigentes indígenas, que anuncian que podrían llegar hasta la Contraloría o la justicia para dejarla sin efecto.

Se trata de seis millas marinas para la comunidad de Maicolpi Río Sur y cuatro para las del sector de la Barra, las que desde comienzos de año venían presentado críticas a ambas cantidades, que consideraban escasas y que los dejaba fuera de los bajos pesqueros, donde hay recursos, y que se ubican por sobre las 12 millas.

La CRUB está conformada por diversos organismos públicos, liderados por el intendente Leonardo de la Prida, así como también alcaldes de de comunas de la región que tienen acceso al mar.

La sesión del día de ayer fue la tercera donde se trató el tema, con resultado adverso para las comunidades indígenas, pues se ratificó el informe elaborado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a nivel regional, que definió la cantidad de territorio marino a entregar bajo las disposiciones de la Ley Lafquenche.

De acuerdo a Miguel Cheuquemán, coordinador técnico de la Identidad Territorial Lafquenche, se trata de una decisión que se esperaba, aún cuando no deja de ser lamentable, pues existiría un evidente acuerdo político, que habría encausado la aprobación.

De todos modos aseguró que no se quedarán con ello, sino que buscarán impugnar técnicamente el informe de Conadi, con tal de que sea la misma CRUB la que modifique lo acordado.

De lo contrario, advirtió, podría llegar a la Contraloría y a la justicia, pues habrían vicios en el proceso.

El dirigente apuntó a sus dardos a Conadi, quien sostuvo finalmente no defendió a las comunidades indígenas, pero sobre todo al informe realizado, que determinó que las comunidades de Maicolpi Río Sur y la Barra obtuviera sólo seis y cuatro milla marinas para uso exclusivo.

Según detalló, la misma entidad había realizado informes previos, el primero en 2009 a cargo de una empresa externa, que definió que el uso de las comunidades indígena abarcaba hasta las 25 millas, mientras que durante el Gobierno de Sebastián Piñera otro estudio efectuado por la Universidad de Concepción, comprobó que la relación entre la biomasa y las comunidades originarias de la zona, llegaba hasta las 22 millas.

Cheuqueman fustigó la acción de Conadi, encabezada por Claudia Pailalef, pues no se habrían generado espacios para que las comunidades puedan modificar su propuesta, escudándose en que el estudio lo hizo un departamento particular de la entidad.

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