Militantes del Partido Radical solicitaron a la Contraloría determinar la legalidad de la orden del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, que exigió a los jefes de servicio paralizar las actividades en terreno de los funcionarios públicos.

La circular fue enviada a seremis y directores de las reparticiones de Gobierno en la región, donde además se pide informar el detalle de los eventos programados en los meses de marzo y abril.

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Cuestión que el vicepresidente del Partido Radical en La Araucanía, Edgardo Lovera, califica como “inconstitucional”, ya que afectaría a los habitantes de las comunas que no podrán tener contacto con las autoridades.

Según Lovera, la acción de Mayol incluso podría derivar en recursos de protección por parte de personas que se sientan perjudicadas por esta medida.