Militantes del Partido Radical acusaron conflictos de interés del nuevo intendente La Araucanía, Luis Mayol, militante de Renovación Nacional (RN); propietario de una agrícola con derechos de agua en la zona cordillerana de la región.
En noviembre del 2017, Mayol solicitó regularizar un derecho de agua sin título inscrito, ubicado en el Fundo El Carmen de Colico en la comuna de Cunco, a nombre de la Agrícola y Ganadera Santa Amalia.
El requerimiento se presenta en la Dirección General de Aguas, donde se recopilan los antecedentes y reciben posibles reclamos de terceros, para luego enviar el caso al Juzgado de Letras, hecho que inicia un proceso judicial.
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Sin embargo, la solicitud del nuevo intendente quedó en nada, pues a mediados de enero presentó un “desistimiento” para evitar regularizar el derecho de la agrícola, cuestión que para el vicepresidente del Partido Radical en La Araucanía, Edgardo Lovera, representa un claro conflicto de interés para la futura autoridad.
Lovera agregó que es posible solicitar nuevamente la regularización del derecho, cuestionando los criterios que aplicará Mayol para nombrar a los futuros directores de servicios, como por ejemplo, en la Dirección General de Aguas de La Araucanía.
El radical recordó la grave la falta de agua para algunas familias de la región, por lo que aseguró que no es adecuado que una persona que tenga conflictos ligados a este tema asuma un cargo como el de intendente.
Mayol, quien fue ministro de Agricultura por alrededor de dos años en la primera administración de Sebastián Piñera, figura como el representante legal de Agrícola y Ganadera Santa Amalia, lugar donde se realizan labores como la crianza de animales, producción de forraje y siembras.
Sin embargo, no sería la única propiedad de Mayol en la comuna de Cunco, ya que también posee una empresa de nombre similar: Agrícola Santa Amalia, la cual tiene inscritos 5 derechos de agua.
Además, posee un derecho de agua a su nombre, también ubicado en Cunco y su fuente es el Lago Colico, lugar donde la autoridad deberá enfrentar el conflicto por el acceso a la playa pública que demandan sus vecinos.
