La defensa de los carabineros investigados por la presunta manipulación de pruebas en la “Operación Huracán”, pidió sacar del caso al fiscal de La Araucanía, Cristián Paredes. A la petición se sumó una abogada de los detenidos en el operativo.

Además, la Intendencia regional dijo que sería grave si se comprueba ahora que los imputados son víctimas de los delitos.

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Se trata de la indagatoria que abrió el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, en diciembre pasado, contra funcionarios de Inteligencia de Carabineros, que -supuestamente- manipularon pruebas en lo que se denomina policialmente como “Operación Huracán”.

Para la abogada Marisa Navarrete, y que tomó la representación de siete carabineros indagados en la causa, existe una clara falta de objetividad en la indagatoria a cargo de Paredes, ya que se trata del mismo fiscal que lidera la trama madre de Huracán, donde son investigados ocho personas bajo Ley Antiterrorista.

Navarrete agregó que solicitarán al fiscal nacional Jorge Abbott, que remueva al fiscal regional y nombre a otro persecutor en su reemplazo.

La defensora también pedirá que los tribunales de Temuco se declaren incompetentes para tratar la materia, pues los informes de inteligencia se iniciaron órdenes desde Santiago.

Además, informó que solicitaron una cautela de garantías, para que los investigados puedan prestar declaración ante el tribunal y se informe los delitos por los que están siendo investigados.

Opinión que es compartida en parte por la defensa particular de Rodrigo Huenchullán, uno de los ocho detenidos a quienes la Dipolcar les incautó sus teléfonos en septiembre del año pasado.

Se trata de la abogada Karina Riquelme, quien dijo que sería una demostración de objetividad la salida de Paredes.

Fuentes de Radio Bío Bío señalan que en la indagatoria que abrió el fiscal, ya declararon todos los persecutores involucrados en la causa madre, incluido el fiscal jefe de Alta Complejidad, Luis Arroyo.

Todo esto para comprobar la supuesta manipulación de pruebas, que dejaría como víctimas a las mismas personas que se les imputa una serie de ataques incendiarios en la zona.

Cuestión que de llegar a comprobarse, sería un hecho grave para el intendente subrogante, Ricardo Chancerel.

En tanto, el general Inspector, Julio Pineda, continúa tomando declaraciones y analizando la información que ha recogido en el sumario administrativo solicitado por el Gobierno.

Todo esto luego que el FBI tomara declaración al denominado profesor, Alex Smith, y realizara peritajes al presunto software espía que inventó, y que habría espiado la mensajería instantánea de los teléfonos de los imputados.

Falta todavía citar a declarar a los fiscales involucrados, el jefe regional del Ministerio Público, Cristián Paredes y el fiscal jefe de Alta Complejidad, Luis Arroyo, quienes no tienen obligación legal de asistir.