La empresa de transportes que, supuestamente, iba a ser atacada por los mapuches de la “Operación Huracán” se encuentra sin protección de Carabineros. Los dueños presentaron una queja en la Fiscalía y anuncian acciones legales.

El dato apareció en la trama madre de la Operación Huracán, que está a cargo del fiscal de Alta Complejidad, Felipe González, y que el próximo 9 de febrero presentará una solicitud de no perseverar por los delitos de asociación ilícita terrorista, en contra de los ocho acusados, detenidos en septiembre. A esto, se suma los delitos de incendio terrorista en contra de dos de ellos.

Se trata de la empresa de transportes Riquelme Correa, que aparece en el famoso informe 130 de inteligencia de Carabineros, alertando de un posible ataque incendiario el día antes de conocerse el veredicto absolutorio de los acusados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Es por eso, que la Fiscalía derivó, entre el 25 de septiembre y el 2 de enero, un total de siete oficios para que Carabineros dispusiera una medida de protección de punto fijo, diurna y nocturna, cuestión que no ha sido cumplida como verificó en terreno La Radio.

El principal argumento que entregó Carabineros a la Fiscalía, fue que no disponía de suficiente contingente, a pesar de la gravedad de la denuncia que aparecía en los, supuestos, mensajes de WhatsApp y Telegram de los ocho dirigentes mapuches detenidos.

A tal punto llegó la situación, que fue la propia gerenta de la empresa de Transportes Riquelme Correa, Marcela Utreras, quien presentó una queja al Ministerio Público el pasado 4 de octubre de 2017, reclamando en contra de la institución policial, por el no cumplimiento de la medida de protección.

A través de un comunicado, la empresa señala que “que el no cumplimiento de la protección que Carabineros debía dar, pone en grave riesgo la integridad de su personal, infraestructura y maquinaria. Lo cual ha provocado un daño psicológico y moral en su personal, además de graves mermas económicas para la empresa. Es por esto que la empresa está evaluando con su departamento jurídico el tomar acciones legales en contra de los responsables de no acatar las órdenes de Fiscalía”.

Hay que recordar que fue este, eventual, ataque incendiario, lo que dio pie para que el ministro de la Corte de Apelaciones, Aner Padilla, diera luz verde a las detenciones de los indígenas, basándose solamente en la información recabada a través de la Ley 19.974, conocida comúnmente como Ley de Inteligencia.

Según la información que maneja La Radio, la última visita que realizó Carabineros a la empresa fue el sábado pasado y por un lapso de 60 minutos.

Si bien Carabineros no quiso referirse públicamente al tema, fuentes de Radio Bío Bío al interior de la institución uniformada, descartaron de plano el reclamo y aseguraron que se han mantenido servicios exclusivos en el sector con rondas periódicas que calificaron de “intensivas y con patrullajes continuos”.