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Intendente de La Araucanía envuelto en nueva polémica por concurso público y despido

Archivo | Agencia UNO
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El intendente de La Araucanía, Miguel Hernández, solicitó a la Agencia de Desarrollo Productivo extender el plazo de un concurso por más de mil millones de pesos, que ya se encontraba cerrado.

Radio Bío Bío tuvo acceso a un correo electrónico con fecha 26 de mayo, donde Hernández le solicita al exgerente de la agencia, Robinson López, extender el concurso “Impulsando Mypes de La Araucanía 2017“, que posee una inversión de 1.069 de millones de pesos.

Incluso, el correo enviado por Hernández, llegó una hora después que el concurso cerrara, por lo que Robinson López se negó a extender el plazo fatal hasta el viernes 9 de junio, cuestión que habría detonado su salida del cargo.

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López fue consultado sobre si efectivamente este correo fue la razón de su salida, a lo que evitó referirse públicamente al tema, indicando que no desea hacerle daño al Gobierno de la presidenta Bachelet.

Hay que recordar que Miguel Hernández no ha explicado las razones de su decisión de sacar a López del cargo y nombrar en su lugar a Rodrigo Sandoval Castro, esto a pesar de un acuerdo del directorio de llamar a un concurso público.

Radio Bío Bío además conoció que en el año 2015, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a la empresa del nuevo gerente interino de la Agencia de Desarrollo Productivo.

Se trata de la empresa Ingemedical a quien la superintendencia le formuló cargos por no someter a evaluación ambiental una planta de tratamiento de residuos patológicos e industriales, afectando un huerto de exportación indígena en Gorbea.

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Serie de antecedentes que serán presentados al Consejo Regional -que financia cerca de la mitad del presupuesto de la Agencia de Desarrollo- por parte de uno de los miembros del directorio, Marcelo García.

Radio Bío Bío ha intentado en reiteradas ocasiones conocer la opinión del gerente interino de la agencia, Rodrigo Sandoval, quien se ha mantenido en completo silencio.

Nuevo manto de dudas sobre las gestiones del intendente Hernández, que se suman a su eventual conflicto de interés en la aprobación de 132 millones de pesos para la compra de filtros de agua potable a la misma empresa que asesoraba en el año 2014.

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