La defensa de los acusados del caso Luchsinger-Mackay calificó como una intencionalidad política y acusan “racismo” por el oficio que envió el senador RN Alberto Espina a la Fiscalía, para que indage las fianzas que han pagado para obtener su libertad y que alcanzan los 90 millones de pesos.

Según la denuncia, llama la atención la rapidez con que estos pagos millonarios se efectúan en la cuenta del tribunal, luego que los acusados logran la libertad bajo fianza.

Información que rechazó de plano la abogada Manuela Royo, defensora de Sabino y Hernán Catrilaf, criticando este tipo de acciones y tildando al senador de tener “una actitud tremendamente racista y clasista“.

Sobre esto también opinó el abogado Carlos Tenorio, que representa a los hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay. En su caso, dijo que le llama la atención el alto poder monetario y la rapidez con la que cancelan los montos, poniéndo énfasis en que se trata de pequeños agricultores.

Hay que recordar que la preparación de juicio oral de este emblamético caso, quedó fijada para el próximo 24 de abril.