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ONG de DDHH acusa acuerdo político-militar para bloquear antecedentes de Comisión Valech

ARCHIVO | Agencia UNO
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La presidenta nacional de la Unión de ex prisioneros y prisioneras políticos en Chile, Nelly Cárcamo, enfatizó en que la Nueva Mayoría tiene una obligación moral con los torturados en dictadura y no han estado a la altura en la toma de decisiones en lo que respecta al tema de Derechos Humanos.

Estas declaraciones las hizo en el marco del juicio que está haciendo el ministro en visita Álvaro Mesa hacia Cristián Labbé, como autor del delito de aplicación de tormentos a 4 personas en Panguipulli en noviembre de 1973.

Por ello, señaló que les entrega satisfacción y esperanza el juicio de Labbé, para que se pueda replicar en otros casos que hasta el momento se mantienen impunes.

Cárcamo destacó que como organización llevan años luchando para que se abran los antecedentes a la justicia de la comisión Valech, pero que saben que hay acuerdos entre políticos y militares para proteger a los torturadores de dictadura, lo que imposibilita que más personas sean imputadas por estos delitos.

La representante de la unión de ex prisioneros políticos recordó que hace 3 meses el diputado Gutiérrez presentó un proyecto de ley para levantar el secreto, pero que no tuvo la cantidad de votos para abrir el proyecto.

Por esto, destacó que esperaban que la Nueva Mayoría -ex concertación- hubiese apoyado esta iniciativa, pero se encontraron con el rechazo de este sector.

De esta manera, Nelly Cárcamo comentó que están realizando una campaña para poner en manos de la justicia todos los antecedentes posibles que puedan recaudar sobre torturas en dictadura a nivel país, pero que no han recibido ningún tipo de apoyo de ningún sector político.

Asimismo, hizo un llamado a todos los partidos políticos a tomar este tema con altura de miras y ser capaces de tratarlo de manera correcta, porque aun hay personas impunes a lo largo del país.

Además, Cárcamo replicó el llamado a los ex prisioneros y prisioneras a acercarse a la organización a entregar antecedentes, para que con ellos puedan seguir trabajando en las fichas de torturados y llevar éstas a la justicia. Trabajo que, según sus dichos, debería ser del Estado.

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