Pese a que el nuevo ministro de Justicia, Jaime Campos, lleva sólo algunos días a cargo de dicha cartera tras la salida de Javiera Blanco, diversos antecedentes respecto a sus vínculos empresariales y su pensamiento han salido a flote.
Si bien ya fue cuestionada por su cercanía con la empresa informática que asesoró al Registro Civil y que derivó en los errores del padrón electoral, durante las últimas horas se han recordado algunos episodios que dan cuenta de su opinión respecto al pueblo mapuche, esto tras publicar un polémico documento en El Mercurio llamado ““El conflicto mapuche: una visión diferente”.
De acuerdo a lo consignado por The Clinic, el militante del Partido Radical niega la existencia de un Estado mapuche y de los derechos ancestrales de pueblos originarios.
Es así como en uno de los estractos de su escrito señala lo siguiente:
“Fluye con evidencia que nunca ha existido un Estado Mapuche, de suerte que es altamente improbable que pueda constituirse en el futuro. Todo el territorio nacional corresponde desde su creación a la República de Chile, la cual ejerce plena y exclusiva soberanía política sobre el mismo y no conozco casos en que un Estado se desprenda unilateralmente de parte de su territorio para dar origen a otro. Propiciar la creación de un estado mapuche o animar bajo esa inspiración la autodeterminación de una zona determinada carece de realismo político y de sustento jurídico, resultado que jamás será aceptado por el Estado de Chile y menos por la población no mapuche de esos lugares, la que hoy constituye la mayoría de sus habitantes”.
Junto con ello apunta que el cimiento de “la raza chilena” se constituye tras el mestizaje de los conquistadores europeos, quienes se mezclaron con las nativas que habitaban en ese entonces la zona.
Por otro lado, respecto al pueblo mapuche y sus demandas, Campos indica que “no hay claridad y precisión en las pretensiones”.
“Es menester precisar la naturaleza y alcances del problema (…). De partida, no es una disputa que involucre a todos los pueblos originarios e, incluso, dentro de los propios Mapuches sólo comprende a una porción minoritaria. Aún más, no se advierte claridad y precisión en las pretensiones de los reclamantes, siendo notorias las diferencias entres las aspiraciones de unos y otros”
“Nadie puede negar que las tierras que les asignara el Estado algunos las perdieron por ignorancia, engaños, abusos, usurpaciones o mala fe y que otros las transfirieron voluntariamente -legal o ilegalmente-, o las conservan sin mayor provecho. Es manifiesto que siguen careciendo de estructuras jurídicas que los agrupen, que perduran las diferencias de intereses entre unos y otros, que es muy difícil, por no decir imposible, encontrar soluciones que los dejen integralmente satisfechos y menos aún interlocutores válidos que los representen de modo legítimo”.
“Si es una discusión sobre pobreza, marginalidad y subdesarrollo; si es una cuestión derivada de despojos de que fueron víctimas algunos naturales con posterioridad a la asignación de sus tierras; si las reclamaciones apuntan a situaciones de discriminación y falta de igualdad de oportunidades; si demandan la preservación de su identidad cultural; si anhelan organizarse y participar colectivamente; todo es solucionable y puede y debe ser remediado pacíficamente dentro del Estado de Derecho y bajo el concepto de Estado Unitario. Empero, si el reclamo alude a eventuales derechos ancestrales que lesionan la Unidad Nacional o a una pretendida autonomía política, lamentablemente el Estado de Chile no tiene otra alternativa que persuadirlos de sus vanos intentos y, si ello no se alcanza, debe terminar de raíz el conflicto mediante la plena aplicación del imperio de la Ley a todos los que quebrantan con violencia el ordenamiento jurídico establecido”.
“Si se admite la existencia de derechos ancestrales, Bolivia y Perú podrían hacer suyo ese argumento”, apuntó además.
