La Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible un recurso de protección que interpusieron 6 mujeres de la localidad de Cajón en la comuna de Vilcún, ante la decisión del Ministerio de Salud (Minsal) de aplicar una dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niñas y adolescentes.
La acción fue interpuesta por madres de algunas menores en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo, buscando que se rechace la obligatoriedad de la vacuna en sus hijas, medida implementada por el Gobierno que busca inocular a alumnas desde 4º a 8º básico con el fin de protegerlas del cáncer de cuello uterino.
Mediante 13 páginas se detallaron los argumentos para que la Justicia deje sin efecto la vacunación obligatoria, entre ellas invocan la amenaza o vulneración al derecho a la vida, de la integridad física y psíquica de la persona, además del respeto y la protección a la vida privada y honra de la persona y su familia, según reza la Constitución Política de la República.
Las mujeres adjuntaron al recurso información científica que respaldaría los numerosos efectos secundarios y reacciones adversas que la vacuna genera, entre los que incluyen encéfalomielitis aguda diseminada, vértigo, síndrome de Guillain Barré, cefalea, náuseas, vómitos, fatiga, malestar general y desordenes del sistema inmune, todo lo cual además esta detallado en un informe del Instituto de Salud Pública, ISP.
La Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible el recurso de protección el pasado viernes y este lunes 26 despachó una carta a la ministra de Salud, Carmen Castillo Taucher, otorgándole 8 días de plazo para que responda e informe todos los antecedentes del tema, rechazando además una orden de no innovar que se pedía en el escrito y que buscaba dejar sin efecto la vacunación, al menos mientras se resolvía el fondo de la acción legal.
Cabe destacar que la acción para terminar con las vacunas no sólo se ha interpuesto en Temuco, sino que en Arica y Chillán se ha replicado la medida, ciudades donde también se declaró admisible.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se refirió a la resistencia de algunos grupos “antivacunas”, calificando lo ocurrido como un atentado a la salud pública y un retroceso a los avances que ha tenido a nivel mundial en materia de protección de la población.
