En 35 días fue ampliado el plazo de investigación en una causa derivada de presuntas irregularidades en la ejecución del programa Pro-Empleo en el año 2010.
Se trata de una investigación iniciada el 16 de diciembre del 2015, en contra de cuatro personas, por los delitos de fraude y estafa al fisco.
Para este lunes estaba programada una audiencia de apercibimiento de cierre solicitada por el equipo defensor, en la que el Ministerio Público, a través del fiscal, Raúl Espinoza, pidió que se ampliara el plazo de investigación hasta el 10 de octubre, cuando termina el plazo autorizado respecto de la última imputada en la causa.
Tras el rechazo de los defensores, el juez de Garantía, Luis Olivares, autorizó ampliar el plazo a la espera de un informe pericial, pero solo por 35 días, según fue precisado a La Radio por el abogado, Luis Seguel, representante de uno de los imputados en esta causa, el ex seremi del Trabajo de La Araucanía, Alvaro Seguel, precisando que el propio juez advirtió poca actividad de la Fiscalía en la causa.
En diciembre de 2015, el fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, Luis Arroyo, inició la referida causa en el Juzgado de Garantía en base a los antecedentes derivados de una investigación que ha desarrollado junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
Esta investigación es acerca de eventuales irregularidades en el programa Pro-Empleo que la administración Piñera implementó el 2010 para combatir la cesantía y para lo cual se contrató a catorce empresas.
Agregó el fiscal que además se ha establecido que se intentó beneficiar a comunidades mapuche que habían participado en hechos de violencia, sumado a la ausencia de fiscalización o supervisión de parte de funcionarios públicos contratados para el efecto.
