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Decretan prisión preventiva para exfuncionaria del Ministerio de Obras Públicas en Temuco

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El Juzgado de Garantía de Temuco dejó con prisión preventiva a una exfuncionaria de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas investigada por fraude al Fisco, por un monto superior a los 46 millones de pesos. También se despachó orden de detención para otros dos imputados.

La jueza Luz Mónica Arancibia, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Roxana Concepción Hernández San Martín, luego de que el Ministerio Público le comunicara de la investigación por el delito que se habría cometido en noviembre de 2015.

La imputada es acusada de autorizar pagos a la empresa Constructiva S.A. de propiedad de Rodrigo Adolfo Moller Jiménez y Yohana Alejandra Carrasco Ortega, quienes pese a estar notificados no asistieron a la audiencia por lo que se despachó una orden de detención para ambos.

La investigación la desarrollan efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec de la PDI Temuco.

El abogado defensor, Gaspar Calderón, quien representó a la imputada que quedó en prisión preventiva rechazó la medida aplicada por la jueza de Garantía.

Calderón agregó que se debe perseguir la responsabilidad de otros funcionarios, entre quienes incluyó a directores, exdirectores y otros responsables que según aseguró, engañaron a su representada para que visara autorizaciones de pago. Pese a esto, el abogado insistió en que la imputada no canceló dinero a nadie.

El fiscal de alta complejidad, Luis Torres, señaló que Roxana Hernández estaba a cargo de la ejecución de un proyecto de mejoramiento de caminos rurales y que, de acuerdo a lo investigado por el Ministerio público, habría pagado por trabajos no realizados, faltando así a su labor de fiscalización.

El fiscal agregó que debido a esto, la Dirección de Vialidad debió volver a licitar 4 de los 6 caminos que se tenían que ejecutar para la conservación de los caminos de acceso a las comunidades indígenas José Quinchahuala, Quechocahuin, Francisco Curallanca y Felipe Epulef de Loncoche.

Este proyecto fue adjudicado a la empresa Sociedad Ingeniería Constructiva Limitada, por un monto total que superaba los 225 mil millones de pesos.

Por haber estado legalmente notificados y no asistir a la audiencia, la jueza de Garantía, despachó órdenes de detención para el matrimonio integrado por Rodrigo Adolfo Moller Jiménez y Yohana Alejandra Carrasco Ortega, propietarios de la empresa para que una vez aprehendidos puedan ser formalizados en la causa.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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