Hasta mediados de julio fue postergada la audiencia en la que la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía fomularía cargos contra de una funcionaria de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, por fraude al fisco, y los propietarios de una empresa contratista por obtención fraudulenta de prestaciones fiscales.

La audiencia habia sido pedida precisamente por la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, para formalizar investigación en contra de Roxana Hernández San Martín, inspectora fiscal de la Dirección de Vialidad del MOP, por fraude al fisco y contra los propietarios de la empresa constructora “Constructiva”, Johana Carrasco Ortega y Rodrigo Moller Jiménez, por obtención fraudulenta de prestaciones fiscales, tras adjudicarse un proyecto de mejoramiento de caminos en la comuna de Loncoche

El fiscal de la causa, Luis Torres, reconoció que le llama la atención que las tres personas que debían enfrentar a la justicia, hayan presentado problemas de salud, que al menos en dos de los casos justificaron con licencias médicas, además de una recomendación médica.

El Juzgado, tras analizar los antecedentes aportados por los defensores y pese a la oposición de la Fiscalía, reagendó la audiencia para el próximo 12 de julio, anticipando el fiscal que de repetirse lo ocurrido en esta oportunidad, pedirá las respectivas órdenes de detención para los imputados, ya que a su juicio lo que se busca es eludir la justicia.

El caso deriva de la adjudicación a la empresa constructora “Constructiva”, contratista del MOP, de 220 millones de pesos para mejoramiento de caminos en Loncoche, de los cuales el 99 % estaría pagado, pese a que los trabajos no fueron ejecutados, según los informes técnicos de la propia Dirección de Vialidad, agregando que incluso cuatro caminos y dos puentes tuvieron que ser relicitados para ser construidos.

El fiscal agregó que según el informe de la Contraloría Regional, la defraudación al fisco supera los 46 millones de pesos.