En 2014, Adrián Zarricueta, residente de la comuna de La Serena, región de Coquimbo, fue acusado de violación, enfrentó un proceso judicial y fue enviado a la cárcel bajo la cautelar de prisión preventiva mientras durara la investigación en su contra, que buscaba clarificar los delitos de robo y violencia sexual que le eran imputados.

Sin embargo, y tras un examen de ADN que confirmaba que no era culpable, el hombre no sólo fue puesto en libertad, sino que también se levantaron los cargos que pesaban contra él, siendo sobreseído de forma total en la causa.

El día de la audiencia de revocación de la prisión preventiva, desde la Fiscalía le pidieron perdón al afectado, donde le aclararon que deberían haber tenido los resultados del test antes de formular los cargos.

Los hechos

A principios de 2013, una joven de Santiago vacacionaba en el sector de Peñuelas de la capital regional y decidió salir con sus amigas al centro de la ciudad.

“Alrededor de las 04:00 de la madrugada toma el colectivo de vuelta, en el sector de Balmaceda, pregunta si pasa por Peñuelas y el conductor le responde afirmativamente”, sostuvo el abogado de la Defensoría Penal Pública que estuvo a cargo del caso, Miguel Riquelme.

A bordo del automóvil iba otra pasajera, a quien tras dejarla en su casa, el chofer tomó otra vía, acción que fue percibida por la afectada, quien, tras llegar a un sitio eriazo, fue violada y sufrió el robo de su celular por parte del hombre.

En su declaración, la mujer dijo que el colectivo pertenecía a la Línea 21 de Tierras Blancas y que éste tenía problemas en su bocina.

Desde el terminal de la línea sindicaron como propiedad del padre de Zarricueta el auto que la PDI buscaba. No obstante, y dado que el hombre excedía la edad para conducir, la policía civil focalizó su trabajo en los hijos de éste.

Fue así como en marzo de 2013, mientras trabajaba en Copiapó, recibió un llamado avisándole que la PDI le seguía el rastro por una presunta violación y por el supuesto robo del cual le acusaban.

“No dieron razones. Fueron a la casa de mi suegra preguntaron por mí y se fueron. Me avisaron y yo seguí mi vida allá, no le presté mucha atención”, dijo.

En mayo del mismo año volvió a la región y una sobrina le comentó que la PDI lo buscaba con foto “diciéndoles a los vecinos que buscaban a un violador”.

“Eso fue un día viernes. El día sábado quise aclarar la situación, dejé la gente con la que estaba trabajando y fui a Coquimbo al cuartel de la PDI”, recordó.

En esa instancia, Zarricueta fue detenido, lo llevaron a una celda y le indicaron que iba a ser citado para declarar por “una causa pendiente”.

El día que fue formalizado, el hombre aseguró que manifestó su inocencia de forma verbal ante el Tribunal, lo que sólo gatilló que el magistrado le pidiera guardar silencio y decretara la cautelar por 45 días.

“Me causaba risa, porque lo que decía era como una fantasía, como una película. Se me acusaba de algo que no hice y lo expresé en voz alta, ante lo cual el fiscal me hacía callar”.

Demanda contra el Estado

En 2016, Zarricueta ingresó a “Proyecto Inocentes”, iniciativa impulsada por la Defensoría y que busca la reparación económica de personas que hayan sido privadas de libertad injustamente.

Fue así como, en primera instancia, en noviembre de 2016 ingresaron una demanda en Santiago contra el Estado por los actos del Ministerio Público, acción legal que no fructificó y que vio una segunda etapa en los Tribunales serenenses en septiembre de 2017.

La demanda, nuevamente contra el Estado, persigue que el Fisco desembolse 86 millones de pesos en indemnización a favor de Zarricueta por los conceptos de daño emergente, lucro cesante, daño moral y por la pérdida de un contrato para trabajar en una serie de obras.

“Las personas dicen que la Justicia es una basura, pero yo puedo decir, con pruebas, que la Justicia chilena es una basura. El que tiene plata lo pueden ayudar y llega un momento en que te cuestionas en lo que estamos viviendo como país”, sentenció el demandante.

Sin embargo, el fiscal regional, Adrián Vega, defiende el actuar de la Fiscalía dado que, a su juicio, Zarricueta fue formalizado en base a presunciones “que fueron suficientes para la prisión preventiva”.

Verdadero culpable

Tras liberar a Zarricueta, la policía civil dio con un hombre que trabajaba vendiendo celulares, quien finalmente terminó siendo el verdadero culpable de los delitos contra la mujer.

“Lo que hicimos fue revisar al dedillo la carpeta de investigación y verificamos que no se siguió la pista del celular de la víctima que había sido robado”, afirmó el fiscal regional.

Pero encontrarlo costó casi 2 años, dado que el teléfono fue comprado por una persona que trabajaba en faenas mineras y sólo prendía el celular algunos días a la semana.

A Zarricueta no le gusta hablar acerca de la detención y condena del verdadero culpable ya que el hombre es conocido de su familia, vivía cerca de su casa y tiene facciones faciales parecidas con él, aunque Zarricueta mide 1,57 metros y el culpable supera los 1,70 metros.