El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 13:00 horas del 1 de enero de 2016, Sandra Espinoza Bórquez se encontraba en su domicilio, ubicado en la toma Víctor Jara, cuando su conviviente y padre de su hijo, Humberto Ignacio Espinoza Rojas, regresó en estado de ebriedad y la recriminó por situaciones familiares, para luego agredirla en la cabeza con un sartén.

“(…) luego premunido de un cuchillo alcanzó a darle un corte en el cuero cabelludo, gritando a viva voz que la iba a matar. En un instante la afectada, aprovechando la cercanía de un sillón y que el acusado se encontraba muy ebrio, lo empujó y ella pudo arrancar ingresando a una vivienda vecina pidiendo auxilio, lugar hasta donde la siguió Espinoza Rojas premunido de un cuchillo y a pesar de los intentos de la mujer por defenderse y que dos mujeres allí presentes lo instaban a detener su acción, la apuñaló reiteradas veces en los brazos, pecho, espalda y axilas, huyendo el imputado del lugar”, señala el fallo del tribunal.

Condena

Debido a estos hechos Humberto Espinoza fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de femicidio.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por las juezas Marcela Nilo Leyton (presidenta), María Isabel Rojas Medar y Claudia Lewin Arroyo (redactora)– aplicó, además, las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la condena.

Además, junto con el pago de las cotas, el condenado deberá asistir obligatoriamente a programas terapéuticos o de orientación familiar por el lapso de un año y cumplir con la prohibición de acercarse a la víctima en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre, por el plazo de un año, después de cumplida la condena.

Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.