Con el objetivo de que se sancione la calidad de falsos exonerados políticos, el diputado de la UDI, Felipe Ward, presentará un proyecto de ley durante la próxima semana.
En la iniciativa, el parlamentario busca modificar la Ley 19.234 que establece beneficios provisionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos.
La moción busca incorporar un inciso final al artículo 10°, “que establezca que la Contraloría General de la República, mediante la toma de razón del decreto en el que el Presidente de la República califique la calidad de exonerado, controlará la legalidad y procedencia del beneficio“.
Además señala que “todo aquel que participe en el proceso de acreditación de la calidad de exonerado respecto de esta ley y en particular de los artículos 7°, 8°, 9° y 10°, y que aporte antecedentes falsos, o no haya ejercido la debida diligencia en la acreditación de los datos entregados, será sancionado con las penas establecidas en el artículo 239 del Código Penal“.
Finalmente agrega que “quienes hayan sido beneficiados por esta ley, y en particular aquellas personas que hayan obtenido certificados de exonerado entre 1996 y 2007, mediante antecedentes falsos, quedarán obligados a restituir el daño patrimonial causado al Estado y será nulo dicho certificado “.
Ward manifestó que es necesario que se apruebe esta iniciativa.
Por otro lado, el legislador también enviará dos oficios por este tema. Uno a la Presidencia de la República y otro al Ministerio da la Secretaría General de Gobierno que busca que se remitan información sobre las razones jurídicas y criterios utilizados por el Consejo de Defensa del Estado en torno a no apelar de la resolución pronunciada por la ministro, Mireya López, que decretó el sobreseimiento de 54 parlamentarios por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en el artículo 203 del Código Penal y que se enmarca en el caso conocido como “falsos exonerados”.
Además solicita información sobre si la decisión de no perseverar en el proceso se debió a una instrucción o lineamiento planteado por la propia Presidenta, Michelle Bachelet, entre otros antecedentes.
