La querella que presentó la presidenta Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa, sigue generando reacciones. En esta oportunidad, los diputados de Renovación Nacional, José Manuel Edwards y Gonzalo Fuenzalida, solicitaron, este lunes, al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, un pronunciamiento por las eventuales infracciones a la probidad en la que habrían incurrido funcionarios de Gobierno, en el marco del recurso que presentó la mandataria.
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Esto tras darse a conocer que el ministro Marcelo Díaz, la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, y el asesor comunicacional de la postura chilena frente a la demanda boliviana ante La Haya, Ascanio Cavallo, fueran contemplados como testigos en la querella.
Según los diputados, Díaz y Lya Uriarte son funcionarios públicos y por lo tanto tienen que cumplir con la probidad administrativa y cuando un grupo de funcionarios realiza acciones para beneficiar a un tercero se estaría incurriendo en una falta grave.
Agregaron que, los ministros que han defendido a la presidenta Bachelet en una querella supuestamente como ciudadana, están utilizando su tiempo y su influencia para dar un beneficio personal a la jefa de Estado.
Recordemos que Bachelet se querelló en contra de revista Qué Pasa por la filtración de una supuesta conversación en la que se daba cuenta que parte de los 6.500 millones de pesos otorgados a la firma de Natalia Compagnon, en el contexto del Caso Caval, iban a dar a la cuenta personal de Michelle Bachelet.
