Al menos dos proyectos de ley buscan sacar de las cárceles a reos que presenten enfermedades terminales o de índole mental, incluyendo a condenados por delitos contra los Derechos Humanos.
Según consta en una de las iniciativas, liderada por el senador RN José Manuel Ossandón, se trata de reos diagnosticados con alzheimer, demencia senil o cáncer terminal, quienes podrán optar a pasar sus últimos días con su familia, pero siempre con la vigilancia de Gendarmería mediante una tobillera electrónica.
Y es que a juicio del parlamentario opositor “no se saca nada con tenerlos presos, si ya no son un peligro para la sociedad y están enfermos, y además el sistema no tiene cómo atenderlos”, señaló a BioBioChile.
No obstante, el verdadero impulsor de la idea es el sacerdote jesuita y exrector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes.
Según nos explicó el religioso a BBCL, se trata de “una cosa humanitaria” tomando en cuenta casos como reos en situación de discapacidad visual o auditiva, incluyendo algunos que han sufrido la amputación de alguna extremidad.
“Lo que yo he pensado, viendo situaciones humanas extremas, es que hemos dejando esto en manos de los gendarmes, que no tienen capacidad para atender a estas personas”, reflexionó el sacerdote jesuita.
“No tiene sentido tenerlos en la cárcel si no los pueden cuidar, no están las condiciones básicas para que ese ser humano tenga un trato humano, eso es irracional”, sentenció Montes.
En ese sentido, puntualizó que se trata de “situaciones extremas”, que por lo menos sean tomadas en cuenta. No obstante, lamentó que la sociedad muestre “poca humanidad”, agregando que “es muy incomprensible que se defendamos derechos humanos y se carezca de un mínimo de civilización”.
“No se trata de bajar las penas, porque al final la persona no está consciente”, añadió, asegurando que por lo mismo la idea es buscar métodos como el uso de una tobillera electrónica.
Consultado por el eventual rechazo ante la posibilidad que esta iniciativa beneficie a reos condenados por delitos contra los derechos humanos, Montes señaló que si bien algunos casos se pueden discutir en cómo se ejerce la justicia, eso no es lo principal.
A su juicio, los familiares de las víctimas de la dictadura “son personas que han sufrido mucho, y por eso mismo son más humanas, y que a veces no entienden muy bien de qué se trata, tal vez porque no han tenido conciencia de ver a esas personas en la situación en la que están”.
Ossandón: Los gendarmes no están para cambiar pañales
Respecto al proyecto que lleva adelante Ossandón, éste apunta al costo que representa para el Estado atender a un enfermo en un centro penitenciario, principalmente por los medicamentos, alimentos y dispositivos de uso médico. A lo que se suma la destinación de gendarmes a labores de enfermería.
“Los gendarmes no están para andar cambiando pañales, es una realidad”, sentenció el parlamentario opositor.
No obstante, su idea incluye tanto a reos comunes como a aquellos que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, u otros delitos con un tratamiento más exigente desde el punto de vista procesal penal.
“Aquí lo que tenemos que ver es que son personas con demencia senil, con alzheimer, una persona que está muriendo de cáncer, indistintamente el delito que haya cometido”, aseguró el precandidato presidencial, agregando que “eso es humanidad, porque si no, estamos castigando a su familia y a sus hijos, que no tienen nada que ver en la fiesta”.
En esa línea es que el proyecto aclara que en ningún caso la libertad vigilada intensiva significa la prescripción o amnistiar los delitos de lesa humanidad, por que se apunta a la ejecución de la pena de un delito ya sancionado.
También, se incluyen requisitos como el diagnóstico certificado por el Servicio Médico Legal que recomiende la salida del reo; fijar un lugar donde debe residir, no pudiendo moverse de ella salvo para acudir al recinto hospitalario que corresponda y la imposición de la obligación de someterse a controles médicos periódicos por parte de profesionales designados para ello.
Por otro lado, el enfermo estará sujeto al control de un monitoreo telemático, a través de una tobillera electrónica u otro dispositivo, que permita a la autoridad penitenciaria controlar que la condena se cumpla.
Aún no hay apoyo transversal
Respecto del eventual patrocinio de otros congresistas, especialmente de la Nueva Mayoría, el senador por Santiago aseguró que la idea es buscar apoyo transversal, puesto que según asegura “la humanidad no tiene color político”
No obstante, precisamente uno de los parlamentarios que había sido incluido entre los patrocinadores, el senador y presidente de la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, Alejandro Navarro, descartó que haya un consenso en torno al tema.
“No he firmado ningún proyecto de ley”, nos aseveró el parlamentario por el Bío Bío, agregando que si bien conversó con el senador Ossandón acerca de la idea, finalmente decidió no dar su patrocinio
“Yo no soy autor de esa ley, lo que he dicho es que la Comisión de Derechos Humanos lo va a revisar, porque yo creo que el respeto a todos los derechos humanos la comisión los tiene que ver”, afirmó.
En ese sentido, Navarro aseguró que primero deben cumplirse algunos requisitos para que finalmente apoye la iniciativa.
“Primero tiene que haber el mayor consenso posible de tal manera que una ley no venga a reabrir viejas heridas, sino que logre sellar esas heridas; y lo segundo, tiene que ver con los elementos básicos para que no se abuse de una eventual ley”, dijo a BioBioChile.
“Después del retorno de Pinochet desde Londres, donde alegó demencia senil, la credibilidad de las evaluaciones mentales de los presos procesados o condenados, se vino al piso”, sentenció.
Idea toma fuerza en el Senado
La “cruzada” de Fernando Montes poco a poco ha ido tomando fuerza, especialmente en sectores más conservadores, por lo que no causó extrañeza que 19 senadores enviaran un oficio a la presidenta Michelle Bachelet, para que aplique el derecho humanitario con reos con enfermedades graves.
¿Quiénes firmaron el oficio? Alejandro Guiller, Alberto Espina, Alejandro García Huidobro, Andrés Allamand, Antonio Horvath, Andrés Zaldívar, Baldo Prokurica, Eugenio Tuma, Francisco Chahuán, Hernán Larraín, Iván Moreira, jorge Pizarro, Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Ryselberghe, José García Ruminot, Ena Von Baer, Manuel Antonio Matta, José Manuel Ossandón y Víctor Perez.
En el documento, los legisladores piden a la mandataria que aplique medidas a favor de los reos que presentan enfermedades graves e incurables, sin discriminar entre las condenas, abriendo la puerta a que el eventual beneficio alcance a los internos de Punta Peuco.
Actualmente, según la última estadística de Gendarmería de mayo pasado, en Chile hay una población penal de casi 106 mil personas (106.725), de las cuales poco más de 6 mil (6.271) cumplen libertad vigilada intensiva.
