La defensa del general Juan Emilio Cheyre denunció que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior copió la tesis de uno de los abogados de las víctimas de la Caravana de la Muerte para pedir el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército.
El abogado Jorge Bofill calificó como políticos y no jurídicos los argumentos del organismo gubernamental para pedir el procesamiento como encubridor del exuniformado en los 15 fusilamientos que perpetró la comitiva militar tras su paso por el regimiento de la Serena en septiembre de 1973.
El defensor de Cheyre afirmó que el Programa de Derechos Humanos hizo suyos los mismos antecedentes que utilizó sin éxito el abogado Cristián Cruz, quien a nombre de familiares de las víctimas, pidió en su oportunidad el procesamiento como cómplice del general.
El abogado Cruz no quiso contestar al emplazamiento de Bofill y optó por valorar la solicitud para dictar cargos contra Cheyre, a la que espera sumarse.
El ministro en visita Mario Carroza es quien debe resolver esta petición de procesamiento contra Cheyre y el excomandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol.
Apuntar que todo indica que la arremetida contra el excomandante en jefe del Ejército originó la salida del Programa de Derechos Humanos de su jefe jurídico, Rodrigo Lledó.
Según consignó El Mostrador, el renunciado ministro del Interior, Jorge Burgos, habría pedido la remoción de este abogado que fue quien elaboró el escrito dirigido al juez.
