Rechazo generó entre los diputados de la Nueva Mayoría, que se establezca un plazo de 5 años en el proyecto de Educación Superior, para que las universidades que no adscriban a la gratuidad cumplan con la norma relativa al lucro.
La gran cantidad de asistentes que llegaron hasta la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, daba cuenta de la expectación que existía por escuchar la presentación de la ministra Adriana Delpiano, respecto del proyecto de Educación Superior.
Luego de exponer los lineamientos generales sobre la nueva institucionalidad, la acreditación y los objetivos del proyecto la ministra Delpiano, aduciendo un supuesto cansancio vocal, cedió la palabra primero al ministro de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien se negó y luego a la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, para que expusiera el punto más controversial de la iniciativa: el financiamiento.
Y fue en esta intervención, que se encendieron las alarmas de algunos diputados de la Nueva Mayoría, luego que la subsecretaria diera a conocer que las universidades no adscritas a la gratuidad, pero que igual recibirán aportes públicos como becas y créditos, tendrán un plazo holgado para adecuarse a la normativa del lucro.
La diputada del PPD, Cristina Girardi, dijo no estar dispuesta para aprobar algo así y aclaró que la actual ley ya prohíbe el lucro.
Otro de los puntos que preocupa a los diputados, es la puerta abierta que se dejaría para seguir lucrando, al permitir que se mantengan las transacciones entre entidades relacionadas, como por ejemplo las universidades y que el diputado Giorgio Jackson, aseguró, hay que mirar con detención.
La diputada Comunista, Camila Vallejo, coincidió con Jackson en el sentido de que se deben analizar todas las posibles vías para lucrar, incluso aquellas que se disfrazan bajo la supuesta entrega de servicios educativos.
