En su etapa de revisión del articulado, se encuentra el proyecto de Educación Superior previo a lo que será su envío al Congreso durante estos días, pese a que no existe actividad parlamentaria por ser semana distrital, pero el objetivo del Gobierno es cumplir con la fecha impuesta del mes de junio.
Así lo dio a conocer la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien de paso confirmó que el proyecto será presentado como una sola iniciativa legal, descartando que su tramitación se haga por separado para agilizar su aprobación.
Si bien, ya no se incluirán nuevas ideas en el proyecto, de todas formas Delpiano ha seguido con la ronda de reuniones para mostrar la iniciativa, siendo el turno de los rectores de las universidades privadas, denominadas G-8, quienes se mostraron preocupados por los contenidos de la reforma.
El vocero de estas instituciones y rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, acusó un exceso del control estatal cuestionando de paso la posición que han tenido los planteles que conforman el Consejo de Rectores.
Para el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, luego de la reunión con la ministra de Educación se confirmaron todos sus temores en torno al proyecto de ley, asegurando que es una iniciativa que le da más poder al Estado.
Similar posición adoptó el rector de la Universidad de Los Andes, José Antonio Guzmán, quien indicó que el nuevo financiamiento atentará con la calidad del sistema, ya que no se conoce la vía por la que se inyectarán estos nuevos recursos para las instituciones que se acojan a la gratuidad.
Otro de los puntos cuestionados por los rectores del G-8, es la supuesta afectación que se haría de la autonomía de las universidades, por medio de las atribuciones fiscalizadoras que tendrá la Superintendencia y Subsecretaría de Educación Superior.
