Un grupo de parlamentarios del Frente Amplio (FA), en compañía de abogados, se hicieron parte ante el Tribunal Constitucional (TC) para sumarse al incidente de nulidad que busca dejar sin efecto el rechazo del artículo 63 de la Ley de Educación Superior: el cual permite que universidades tengan controladores con fines de lucro.
Lo anterior, a solo días de que se conozca el fallo del organismo, que dará a conocer los argumentos que dieron pie al rechazo de esta parte de la ley.
Jaime Bassa, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso, indicó que el TC excedió sus atribuciones al revisar un artículo que no tiene rango orgánico constitucional y que tampoco fue objeto de ninguna controversia durante su tramitación en el Congreso.
La diputada de Izquierda Autónoma, Camila Rojas, y su par del Movimiento Autonomista, Diego Ibáñez, instaron al TC a que se pronuncie sobre sus competencias e indicaron que, en paralelo, se presentó un proyecto de ley para modificar al organismo.
Al lugar también llegaron representantes estudiantiles de la Universidad de Las Américas, sede La Florida y Santiago Centro.
Esto, luego de conocer los informes sobre la investigación por lucro que sigue el ministerio de Educación contra el plantel y las demás universidades del grupo Laureate.
Vanesa Catalán y Juan Manuel Torres, se refirieron a las condiciones en que se desempeñan y la incertidumbre que reina entre los alumnos.
Sobre estos mismos informes, que revelan el mecanismo usado por Laureate para extraer recursos desde la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar y de Las Américas.
El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, sostuvo que es urgente un pronunciamiento del Gobierno sobre la materia, pidiendo que se dejen sin efecto los contratos que el holding educacional mantiene con sus instituciones.
El diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la comisión de Educación, Mario Venegas, sostuvo que, tras conocerse los informes, se puede concluir que Laureate ha violado la ley y los estatutos de sus universidades; mintiendo públicamente.
Además, acusó contradicción en el Gobierno sobre el lucro, luego que el ministro de Educación, Gerardo Varela, avalara que no pondría penas de cárcel para quienes “ganen plata”.
Además, tanto el diputado Giorgio Jackson como Mario Venegas cuestionaron que el Servicio de Impuesto Internos (SII) siga haciendo una interpretación favorable para Laureate, de la norma que le permite a las universidades reconocidas por el Estado acogerse a una exención tributaria; generando en este caso pérdidas al Fisco por miles de millones de pesos.
